El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, y el coordinador de Función Pública, Iñaki Guturbai, han anunciado el inicio de esta tramitación al conocer el informe que la Comisión Jurídica Asesora de la CAV (COJUA) ha remitido al consistorio, en el que aclara que no es competente para resolver el conflicto entre las partes pero señala que la ley abre la puerta a la rescisión por acuerdo mutuo.

Esta opción, ha recordado Urtaran, está recogida en la Ley de Contratos del Sector Público y se puede aplicar cuando exista un interés público. Sobre esta cuestión se ha pronunciado la COJUA al advertir de que es válido cuando existe «la oportunidad de evitar las consecuencias que un incorrecto funcionamiento del servicio provocaría en el municipio».

En el caso de Gasteiz, el alcalde ha asegurado que concurre esta circunstancia, «con dificultades en la gestión de este servicio» con tres convocatorias de huelga de los trabajadores, «todas las facturas que se abonan cada mes recurridas en los tribunales por la empresa» porque se descuentan del canon los servicios no prestados, y «casi una decena de expedientes por incumplimiento del contrato».

«Incorrecto funcionamiento de la contrata»

«Todo esto hace que estemos hablando de un incorrecto funcionamiento de la contrata», ha agregado Urtaran, quien solicitará a los técnicos municipales que acrediten esta situación con informes para iniciar el expediente de resolución de contrato por mutuo acuerdo, que cuenta por ley con un plazo de tres meses para negociar la salida de la empresa.

Con este paso el Ayuntamiento procederá en los próximos días a denegar la petición previa que la UTE había hecho para abandonar la contrata, ya que los informes técnicos rechazan esa opción.

En el momento en el se produzca la finalización de la adjudicación, la intención del equipo de gobierno pasa por «licitar un nuevo contrato, de cuatro años de duración, que son la vida útil que le corresponde a la maquinaria que se adquirió en 2015», ha apuntado el alcalde.

Sobre el futuro del servicio, Urtaran ha descartado la gestión directa del mismo por parte del Ayuntamiento aunque ha recordado que esa decisión «corresponde a la mayoría del pleno municipal», por lo que ha invitado a «un análisis sosegado» sobre este asunto que, según sus datos, obligaría a incorporar a más de 1.000 personas a la plantilla municipal.

El inicio de esta tramitación se suma a los pasos que ha dado el Ayuntamiento desde junio de 2017 para resolver el conflicto existente con la contrata de limpieza, primero con la solicitud a la COJUA de un dictamen sobre qué parte debía abonar el coste del absentismo laboral (que el órgano asesor atribuyó a la empresa) y después con la petición de la UTE de resolver el contrato.

En su justificación, las empresas alegaban las pérdidas económicas como causa para acogerse a una cláusula del pliego de condiciones y abandonar el servicio, pero los servicios jurídicos municipales determinaron que esta circunstancia no quedaba debidamente acreditada, por lo que se solicitó de nuevo el consejo de la COJUA.