Los citados colectivos recuerdan que en 2016, el Tribunal Supremo español confirmó las condenas de entre un año y medio y dos años de prisión a tres condenados por las citadas acciones, entre los que figuraba López Monreal.

Este último negó durante el juicio su participación en los hechos, aunque sí reconoció ser militante de Frente Nacional y que las acusaciones le habían salpicado «por pertenecer a un entorno político patriota».

Sin embargo, el Supremo ratificó la condena a López Monreal y los otros dos condenados por haber realizado pintadas al vehículo del alguacil de Orkoien, por pintar una placa de la calle Dolores Ibarrri y por romper la escultura y las placas del monolito en recuerdo a los presos fugados del Fuerte de Ezkaba en 1938. Además, por realizar pintadas en el cementerio de Berriobeiti contra la realización de actos de reconocimiento de la memoria histórica y otros actos en Aizoain y Arbizu.

Algunos colectivos ya han puesto de relieve que «es un peligro que un ultraderechista violento como él tenga acceso como funcionario público a datos como matrículas y direcciones de vecinxs y activistas de la memoria histórica».