![Activistas de Berri-Otxoak en una protesta el pasado miércoles.](/media/asset_publics/resources/000/557/588/article_main_landscape/BARAKA.jpg)
Una mujer de 59 años y su hijo de 39 van a ser desahuciados el próximo martes, según han denunciado varios organismos sociales y ciudadanos de Barakaldo. Al parecer, hasta el momento venían habitando en una vivienda en alquiler por 500 euros mensuales. Ambos se encuentran en paro y sus ingresos conjuntos suman 900 euros.
«El dueño no quiere continuar con dicho alquiler y, a pesar de buscar denodadamente otra vivienda, los alquileres son tan elevados que hacen inviable la subsistencia de dichas personas, ya que hacer frente a los mismos conllevaría un claro riesgo de exclusión social«, han advertido desde la Asociación Vecinal Ibarreta.
Tras indicar que han acudido al Ayuntamiento y «no han encontrado respuesta positiva», el organismo ciudadano se ha dirigido al Consistorio para que «adopte las medidas de emergencia habitacional precisas y proceda, en el menor tiempo posible, a facilitar a estas personas el acceso a una vivienda a la que puedan hacer frente económicamente».
Concentración
Ante el desahucio de esta familia, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak ha convocado para el martes, a las 8.30, en la calle Landabeko número 10 una concentración. Denuncian que desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo estas dos personas no han obtenido «ninguna solución a su problema».
Exigen aplicar el protocolo sobre desahucios acordado en 2013 por el Gobierno de Lakua, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial que establecía que se deben solicitar informes a los servicios sociales de base cuando hay familias vulnerables afectadas por un desalojo. Berri-Otxoak destaca que en Barakaldo se desahucia a 4 familias cada semana y que en el último año el 82% de los desalojos producidos en la localidad han sido de viviendas en alquiler.
Asimismo, la plataforma recuerda el acuerdo del 3 de febrero de 2016 donde todos los sindicatos de la Policía Municipal de Barakaldo comunicaban a la alcaldesa, la jeltzale Amaia del Campo, su rechazo a que la guardia urbana sea utilizada en los procedimientos de desahucio en la localidad.
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