La dura intervención del fiscal ha servido de punto de inicio para la segunda sesión del juicio contra Iratxe Sorzabal y David Pla. El ministerio público ha tratado de desmontar el relato que ambos exmilitantes de ETA llevaron ayer al tribunal. Ha solicitado 9 años de prisión para la primera y 6 para el segundo, con la obligatoriedad de que cumplan las dos terceras partes en ambos casos.

El fiscal se ha dirigido al tribunal para decir que «no deben juzgar a militantes de la paz, sino a miembros de un grupo terrorista que ha fracasado». El fiscal ha reconocido tener conocimiento de «la implicación de la sociedad civil y de los contactos con los gobiernos» pero ha afirmado que no existe ningún «acuerdo de amnistía».

Desde la acusación ha recordado la creación de ETA como la de «una organización de resistencia antifranquista» pero ha afirmado que en su evolución llegó a convertirse en «una organización terrorista».

«Tortura condenable»

El fiscal también se ha referido a las denuncias de torturas presentadas por Iratxe Sorzabal, por su detención en 2001 por la Guardia Civil en Hernani. Ha afirmado que no sabe si existieron pero que en ese caso «serían unos hechos totalmente condenables». Ha afirmado que ninguna de las pruebas presentadas en este proceso están basadas en los informes entregados por las autoridades españolas.

Cachenaut: «Deben encontrar la convergencia entre la verdad judicial y la verdad política»

Xantiana Cachenaut, abogada defensora de Pla y Sorzabal, ha solicitado al tribunal que tenga una «visión amplia» sobre el caso a juzgar y que además de la verdad judicial debería tener también en cuenta la verdad política, «deben encontrar la convergencia entre ambas».

Cachenaut ha afeado al fiscal que tenga una visión que «solo se fija en el pasado» y «obvia el presente y el futuro». Cree la defensora que es «deshonesto desde un punto de vista intelectual e histórico».