Este grupo de trabajo, que ha celebrado su primera reunión en el Palacio de Justicia de Iruñea, está dirigido en el herrialde por la presidenta de la Audiencia Provincial, Esther Erice.

Además, en el ámbito judicial, está formada por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Iruñea, Margarita Pérez-Salazar; la juez de lo Penal número 5, órgano que enjuicia todos los delitos de violencia de género con penas de hasta cinco años de prisión, Esther Fernández; el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, el tribunal que juzga todos los delitos de este tipo con penas de más de cinco años, José Francisco Cobo; el responsable en esta materia de la fiscalía, Francisco Úriz; y el secretario de gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi.

Asimismo, ha informado el TSJN, forman parte de esta comisión las unidades de los cuerpos policiales especializadas en estos delitos y en la protección de las víctimas, los forenses encargados de una actuación global e integral en casos de violencia de género, las oficinas de ayuda a las víctimas, la responsable de la Delegación del Gobierno español en la materia, personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Iruñea, los decanos de los colegios de abogados y procuradores y la directora del Instituto Navarro para la Igualdad.

Según recoge el protocolo para su creación, la comisión abordará, entre otros asuntos, los errores detectados en cada sector o institución y formas de resolverlos, cuestiones novedosas que se aporten o propongan por los responsables de cada área para mejorar la lucha contra la violencia de género y las cifras sobre la concesión de las órdenes de protección.

También tratará el análisis y la valoración de las situaciones de riesgo en las víctimas y la actuación de las unidades de policía judicial adscritas y del Instituto de Medicina Legal.

Se analizará la articulación de medidas específicas para detectar el riesgo de las víctimas cuando hayan comunicado a su pareja su decisión de separarse y ésta hubiera cometido un delito de violencia de género o cuando la víctima hubiera interesado expresamente medidas de protección alegando miedo o temor al agresor.

De igual forma, también estudiará medidas de asistencia letrada a las víctimas desde dependencias policiales y quejas realizadas por víctimas de malos tratos por mala praxis en su atención, y propondrá a las comunidades autónomas o al Ministerio español de Justicia las necesidades presupuestarias de mejora en cada zona.