La ley, impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, ha obtenido el apoyo de los grupos proponentes, aunque con reservas en algún caso, al considerar que se ha vaciado de contenido, la abstención del PSN y el rechazo de UPN y PPN.

Con esta norma se busca promover el reconocimiento y reparación de las víctimas de la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha, regulando los mecanismos para su consideración como damnificado o beneficiario «de los correspondientes derechos de reparación integral».

Con el fin de restaurar las «vulneraciones de derechos humanos» acaecidas en un contexto de «violencia de motivación política», se instaura un procedimiento administrativo con el que se pretende «corregir el vacío legislativo que se cierne sobre estas víctimas».

Para otorgar el reconocimiento de víctima se creará una Comisión de Reconocimiento y Reparación, que será la encargada de resolver en el plazo de un año los expedientes incoados. Todas las personas y entidades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de la Comisión estarán obligadas a colaborar en la forma que se determine.

Del mismo modo, se contemplan acciones en el ámbito educativo y en el institucional, siempre compatibles con el derecho de la víctima a preservar su intimidad cuando así lo solicite expresamente.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha querido dejar claro que reconocer a este tipo de víctimas «no hace que otras víctimas de otros contextos sean menos víctimas». «Que nadie piense que con esta ley queremos confrontar unas víctimas con otras», ha aclarado Martínez, que ha destacado que «aunque las circunstancias sean distintas», el sufrimiento experimentado «les une y les iguala».

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha votado favorablemente aunque «con reservas» porque esta ley no «satisface» por completo ni a su coalición ni a las víctimas. Según ha explicado, esta norma es «agridulce» porque la tarea que persigue es «necesaria» pero la ley adolece de cierta «autocensura» impuesta a través de enmiendas socialistas.

Laura Pérez, parlamentaria de Orain Bai dentro del grupo Podemos-Orain Bai, ha lamentado que esta norma «ha quedado absolutamente descafeinada» pues «ha sido vaciada de contenido» en primer lugar por el Tribunal Constitucional español y después por diversas enmiendas de «autolimitación» del PSN.

«No se puede negar a ninguna víctima el derecho a ser reconocida como tal», ha añadido, tras lamentar que la norma no sea más «contundente».

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha destacado que el procedimiento administrativo planteado permitirá «esa reparación a unas víctimas reales que solo han encontrado la impunidad de los victimarios» porque «la voluntad del Estado durante décadas ha sido que no hubiera justicia».

Carlos García Adanero, UPN, ha anunciado que la ley será recurrida porque contiene «indicios claros de inconstitucionalidad».

Por su parte, Inma Jurío, PSN, ha criticado que la norma pone más el foco en los autores de la violencia que en las víctimas, algo que queda patente en el título de la misma.

La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha coincidido con UPN al afirmar que «lo más tranquilizador de esta ley es que no va a tener recorrido», ya que «o será derogada por el próximo gobierno o será declarada inconstitucional porque tiene todos los visos para serlo».