El escrito sobre los presos políticos catalanes elaborado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria es bastante más contundente de lo que la filtración de “El País” ha sugerido esta mañana, ya que tras recibir tanto información de la parte demandante, así como de la parte demandada –el Estado español–, este organismo ha reclamado la puesta en libertad de Cuixart, Sànchez y Junqueras «sin dilación».

Aunque su decisión no es automáticamente vinculante, fuentes de Òmnium Cultural han recordado que, en los últimos dos años, este ente dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha elaborado 245 informes de este tipo, de los cuales solo dos han apelado a Estados de la Unión Europea. En ambos casos los demandantes quedaron en libertad. «Ni Francia ni Polonia se atrevieron a cuestionar la resolución de Naciones Unidas», apuntan desde la entidad soberanista.

La misma fuente recuerda que, en 2015, PP y PSOE votaron en el Congreso de los Diputados a favor de la aplicación de una resolución similar de la ONU sobre una detención arbitraria en Venezuela.

Desmontando la causa contra el independentismo paso a paso

Este ente dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU recuerda en su informe que «la libertad de opinión y de expresión comprende la posibilidad de manifestar la forma en que los pueblos pueden determinar libremente su sistema político» y considera que «los llamados a celebrar procesos de participación ciudadana son expresiones legítimas del ejercicio de la libertad de opinión y de expresión».

Sobre la concentración del 20 de setiembre ante la conselleria de Economía, la ONU da por constatado –en contra del criterio del Estado español»– que los incidentes concretos ocurridos «no han podido ser atribuidos» a Cuixart, Sànchez y Junqueras.

Asimismo, acerca de la violencia requerida para sostener la imputación de rebelión, el Grupo de Trabajo explica que el Gobierno español «no presentó información sobre acciones concretas de los acusados que puedan haber involucrado violencia» y certifica que las acciones de los tres presos políticos «no fueron violentas». «Tampoco incitaron a la violencia, y sus conductas no han dado como resultado hechos u actos de violencia», añade.

El informe recuerda también que la sentencia de un tribunal alemán sobre Carles Puigdemont «no encontró elementos de violencia en los hechos imputados» y comenta de forma contundente: «Un proceso penal como el del presente caso se vuelve inverosímil si se analiza con el momento político convulso en el que se presenta la acusación».

Vulneraciones durante el proceso judicial

Por todo ello, los expertos de la ONU consideran que «no existieron bases para la detención preventiva y el juicio». Pero dado que la vista oral está ya en marcha, también entra a valorar el proceso judicial seguido contra los dirigentes catalanes. Y lo hace, de nuevo, en contra de los intereses del Estado español.

El informe asegura que «las injerencias públicas que condenan abiertamente a los acusados, antes de la sentencia, vulneran la presunción de inocencia, constituyen una injerencia indebida que afecta a la independencia y la imparcialidad del tribunal». Una acusación de la que el Gobierno se excusó asegurando que las «declaraciones efectuadas por el Poder Ejecutivo no eran relevantes».

Lo expertos de Naciones Unidas apuntan que la aplicación de la prisión preventiva contra Junqueras, Sànchez y Cuixart es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También consideran vulnerado el derecho a ser juzgados «por un tribunal competente e imparcial», así como el derecho «a contar con tiempo y medios adecuados para la defensa».

Conclusiones tajantes

Las conclusiones son tajantes, empezando por la primera: «La privación de libertad de los señores Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras es arbitraria, por cuanto contraviene (…) la Declaración Universal de Derechos Humanos y (…) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos». Ambos son textos firmados por el Estado español.

Por ello, insta al Gobierno español a adoptar «las medidas necesarias para remediar la situación de Cuixart, Sànchez y Junqueras sin dilación». Unas medidas que, según el Grupo de Trabajo, pasan por poner a los presos «inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional».