El texto constata una situación de bloqueo y estima que la decisión no guarda coherencia alguna con las palabras en favor de acompañar a proceso de paz a cargo de Emmanuel Macron.

El presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray ha ido más allá al achacar a la Fiscalía antiterrorista la construcción de «una justicia politica». Y ha alertado de que «este tipo de decisiones fomentan el riesgo de radicalización».

En su declaración, los electos y representantes de la sociedad civil han aludido a unas palabras de Emmanuel Macron alertando sobre «el riesgo de repetir la Historia», y lo han hecho en el caso de Xistor Haranburu, a quien, tras 29 años de prisión, un recurso de la fiscalía le impedirá salir en libertad, pese a haber superado hace una década el tiempo de estancia obligatoria en prisión que se le impuso en 1990, cuando se le condenó a cadena perpetua.

Electos de diversas formaciones políticas han tomado después la palabra para expresar, uno a uno, su consternación, rabia y preocupación por la actitud de la Fiscalía.

Incluso desde las filas del macronismo, el diputado Vincent Bru ha dirigido un mensaje de alarma al presidente de la República, a quien todos los asistentes a la comparecencia ante los medios han pedido que «haga buenas sus palabras con los hechos».

Y desde las filas de la derecha, Max Brisson ha indicado que «no puedo comprender que Xistor Haranburu pueda estar 30 años en la cárcel, pero pueda pedir desde hace once años la libertad condicional y el fiscal se oponga sistemáticamente a que se le aplique esa medida».

El presidente del Biltzar de Electos, Lucien Berbeder ha señalado que de no darse una rectificación sobre una decisión «incomprensible», los electos de Iparralde «tomarán sus responsabilidades a la hora de elevar sus exigencias al presidente Macron».

El mensaje más contundente ha corrido a cargo del presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, quien, no sin antes saludar la decisión del tribunal de penas que se ha declarado favorable a dejar en libertad al preso de Senpere, ha censurado la puesta en marcha de una «justicia política» a cargo de la Fiscalía antiterrorista, a la que ha recomendado «documentarse sobre los cambios vividos en este país en los últimos años».

«Este territorio está en paz con la justicia, nuestro territorio no está en paz con la Fiscalía», ha aseverado, antes de advertir que «la paz es frágil, nos queda mucho camino por recorrer, con las víctimas y con los presos, y decisiones como estas fomentan el riesgo de radicalización».

Dos meses

Según ha explicado a Naiz la abogada de Haranburu, la decisión del tribunal es «muy positiva, ya que ha asumido a grandes rasgos todos los planteamientos de la defensa». Ello deja un sabor más amargo a la iniciativa de recurso del fiscal.

A partir de ahora, el tribunal de aplicación de penas tiene el plazo de dos meses para fijar una nueva vista, en la que volverá a analizar los argumentos de defensa y fiscalía. De no cumplirse con ese plazo Haranburu debería ser puesto automáticamente en libertad.

Finalizada la comparecencia, una concentración ante la Subprefectura de Baiona servía para mostrar el rechazo de la sociedad hacia una decisión con implicaciones graves para el proceso de paz.