Paros, manifestaciones y enfrentamientos con la Policía en respuesta al fin de los subsidios a los combustibles decretado por el Gobierno de Lenín Moreno que, en marzo, pactó un millonario programa de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye el desmonte de esos subsidios, que demandaban 1.300 millones de dólares al año.

Al menos 350 personas han sido detenidas desde el pasado jueves. Los transportistas han dejado claro que mantendrán la huelga contra el aumento hasta un 123% de los precios del diesel y la gasolina, los más baratos y más utilizados en el país. «Ratificamos continuar con la medida indefinidamente», ha subrayado Carlos Brunis, líder de los taxistas de Quito.

«Si ahora sube la gasolina mañana será el gas (que mantiene el subsidio) que usamos todos. Eso no podemos permitir», ha remarcado en declaraciones a AFP Luz Aguirre, una desempleada de 47 años. Organizaciones de indígenas y sindicales también prevén protestar. Se trata de la mayor huelga desde 2007.

Sin un sólido apoyo en el Legislativo y las encuestas en contra, Moreno lidia con las primeras consecuencias del convenio con el FMI para obtener créditos por 4.209 millones de dólares.

Además del FMI, otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a Ecuador, que por falta de liquidez ha emitido bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.

El presidente ha tildado de «golpistas» a los transportistas en huelga y los ha acusado de querer desestabilizar a su Gobierno. Asimismo, ha decretado el estado de excepción por 60 días para «evitar el caos». Con esta medida, el Ejecutivo ecuatoriano queda facultado para emplear la fuerza armada en el control del orden público, restringir el derecho a la movilización o imponer la censura previa a los medios.

En Caracas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha solidarizado con los manifestantes. «¡Basta de Paquetazos del FMI! ¡Basta de Miseria! #FuerzaEcuador», escribió en Twitter.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han expresado su preocupación por la declaraciones de estado de excepción.

El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, ha cuestionado que «la situación en Ecuador sea tan extrema como para amenazar la integridad del Estado», y ha rechazado que «los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos» al considerar que se trata de «libertades muy importantes».

La CIDH ha denunciado «el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía».

Asilo en México para Ricardo Patiño

Por otro lado, Ricardo Patiño, que fue ministro de Exteriores de Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa, ha anunciado este viernes que ha conseguido asilo en México por la «persecución política» que sufre por parte del actual Ejecutivo.

«Yo llegué en abril a México y pedí al Gobierno mexicano que me conceda la calidad de refugiado por razones políticas y me lo acaban de dar. El 2 de septiembre México reconoce que yo soy un perseguido político de Lenín Moreno, lo cual agradezco mucho», ha dicho en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.

Patiño ha defendido que le han concedido el asilo no porque sea «amigo» de las autoridades mexicanas, «sino porque vieron la realidad y realizaron un informe documentando la persecución» política. «La situación que estamos viviendo en Ecuador se parece a las dictaduras que se dieron en el Cono Sur entre los (años) 60 y 70», ha afirmado.

A este respecto, ha contado que el actual canciller viajó a México para pedir al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no le diera asilo. «Le preguntaron por qué y les contestó que el señor Patiño no es un perseguido político, es un delincuente. '¿Pero qué delito cometió?', le preguntaron y dijo que 'dio un discurso pidiéndole a la gente que salga a la calle'. Le contestaron: 'Bueno señor, si fuera por eso, el presidente de México viviría en la cárcel'», ha relatado.

Patiño salió de Ecuador rumbo a México el 17 de abril, un día antes de que la Justicia ecuatoriana dictara una orden de prisión preventiva en su contra por un presunto delito de instigación por instar a los detractores del Gobierno de Moreno a «tomar las instituciones públicas». «Tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo», dijo en un discurso.