Xistor Haranburu -al igual que Jakes Esnal y Ion Kepa Parot- fue condenado en 1990 a cadena perpetua, aunque ya cumplido el periodo de seguridad, podía aspirar a salir en libertad en 2008.
Tras serle rechazada una demanda anterior, el Tribunal de Aplicación de Penas (TAP) aceptó, el pasado 5 de julio, la segunda petición cursada por la defensa del preso de Senpere.
Sin embargo, el fiscal recurrió de inmediato, bloqueando de facto la puesta en libertad. Tras la audiencia en apelación, que tuvo lugar el 5 de setiembre, mediante el fallo conunicado hoy la sala de apelación del tribunal se acoge a los criterios expresados desde el primer momento por la Fiscalía para rechazar la puesta en libertad del preso.
Según ha dado a conocer Bake Bidea, el tribunal estima que el retorno a casa de un preso que ha rebasado los 65 años de edad implicaría «un riesgo para el orden público» y evoca además el «peligro de reincidencia».
Ya cuando el fiscal bloqueó la decisión adoptada el 5 de julio, en favor de la liberación bajo estrictas condiciones, de Haranburu, las entidades que trabajan en favor del proceso de resolución apelaron a la movilización, concretamente delante de la Subprefectura de Baiona.
Tras denunciar como escandalosa la decisión conocida esta tarde, tanto Bake Bidea como Artesanos de la Paz han llamado a participar en una concentración ante el Ayuntamiento de Senpere, que reunió a unas 120 personas.
Preocupación de la delegación vasca
En su última comparecencia, para hacer balance de dos años de diálogo con el Ministerio de Justicia, en París, la delegación vasca expresó, el pasado viernes, su preocupación por la actitud de la «Fiscalía anti terrorista» de recurrir «de modo compulsivo» las decisiones que, en base al nuevo contexto político, adoptan algunos jueces en favor de la puesta en libertad de presos vascos.
Ya en el marco de la célula de espera habilitada en la sede oficial de la Mancomunidad Vasca, el pasado 5 de julio, para aguardar el fallo relativo a Haranburu, el presidente de esa institución, Jean-René Etchegaray, denostó la «justicia política» que actúa a modo de obstáculo del proceso de construcción de la convivencia en Euskal Herria.
Cabe recordar que en entrevista publicada por Gara, Etchegaray ya expresó su preocupación por la actitud de la Fiscalía. «En el dossier de presos destaca una cuestión, la de las demandas de libertad condicional, a las que, de forma incomprensible para nosotros, no se ha dado curso» evocaba Etchegaray, para valorar en la misma línea que «es evidente que el software judicial no se ha actualizado de acuerdo a la evolución del proceso de paz en el País Vasco, y en especial al desarme y a la disolución de ETA».