El Juzgado de los Social número 1 de Bilbo ha condenado a Osakidetza a pagar 53.800 euros a una enfermera que denunció haber sido víctima de acoso moral en el trabajo por no investigar el asunto e incumplir «las normas de prevención de riesgos laborales, con especial relevancia, los riesgos psicosociales», ha informado el sindicato CCOO en una nota.

Según ha relatado la central, la trabajadora, de la OSI Barrualde-Galdakao, instó en octubre de 2012 a Osakidetza a abrir un expediente de investigación al entender que estaba siendo víctima de acoso moral en el trabajo desde 2006.

Varias bajas entre 2015 y 2018

Sin embargo, Osakidetza no volvió a contactar hasta diciembre de 2013 con la enfermera, que al no mejorar su situación, cogió varias bajas entre los años 2015 y 2018.

En febrero de 2016, la demandante pidió a Osakidetza que abriera una investigación por un posible incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ante «la inacción» del Servicio Vasco de Salud, CCOO denunció la situación ante la Inspección de Trabajo en setiembre de ese año.

Poco después, en diciembre, la Inspección emitió un informe que señalaba que Osakidetza no había activado ningún protocolo y le instaba a tomar las medidas adecuadas, según la misma fuente.

Daños morales y físicos

El sindicato ha explicado que la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Bilbo, contra la que cabe recurso, evidencia que en Osakidetza «no se ha iniciado investigación alguna, ni siquiera se mantuvo entrevista con la afectada, todo ello a pesar de los graves hechos que se denuncian y a pesar de que se recomendó por parte del Servicio de Prevención Corporativo, al menos, una entrevista con la afectada».

CCOO ha precisado que la indemnización que deberá pagar el Servicio Vasco de Salud corresponde a los daños morales y físicos causados a la trabajadora y a los «reiterados incumplimientos» de Osakidetza en materia de salud laboral.

El sindicato ha exigido a sus responsables que dejen «de jugar con la salud de sus trabajadores puesto que su inacción está teniendo repercusiones directas y graves» en su plantilla y también «en toda la ciudadanía, puesto que el pago de esta sentencia sale del erario público».