Los secretarios generales de ELA, Mitxel Lakuntza, y LAB, Garbiñe Aranburu, junto a asociaciones de pensionistas y de otros colectivos integrantes de la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria han advertido de que, ante la actual situación, «es preciso dar un salto cualitativo en la lucha en favor de unas condiciones de trabajo, unas pensiones y una vida dignas». «Nos une este convencimiento triple», han subrayado.

Entienden que hay que «poner freno a la precarización de las condiciones de trabajo y de vida, profundizada en las últimas décadas con la excusa de la crisis». «Han dado mayor poder al capital, a la patronal y han recortado derechos laborales y sociales. La crisis de 2008 se ha aprovechado para seguir profundizando en esas políticas neoliberales», ha denunciado más tarde Aranburu.

«Las y los pensionistas, las feministas, los jóvenes... también hay un aumento significativo de las luchas sindicales en los centros de trabajo. Todas somos parte de una misma lucha, todos y todas estamos en contra de un modelo injusto y a favor de otro modelo basado en la justicia social», ha añadido.

Convocatoria justificada

Lakuntza, por su parte, ha justificado la convocatoria de la huelga general, cuya fecha concreta se fijará viendo cómo se desarrolla la dinámica movilizadora. «Si nuestras reivindicaciones no están en la calle no están en ningún sitio, nadie nos hará caso. La huelga es una gran ocasión para recuperar lo que nos han quitado esta última década y para pasar a la ofensiva. Por eso, hemos desarrollado una tabla reivindicativa muy potente: pensión mínima de 1080 euros, edad máxima de jubilación a los 65 años, sueldo mínimo de 1.200 euros, jornada de 35 horas semanales, dejar sin efecto las reformas laborales y de negociación colectiva aprobadas los últimos años, garantizar los derechos sociales...», ha comentado.

Antes de llegar a la huelga general en enero, en las próximas semanas tienen previsto poner en marcha «una dinámica movilizadora en los centros de trabajo y en la calle». Así, el primer hito, será una concentración el próximo miércoles, 30 de octubre, ante el Parlamento de Gasteiz para demandar la retirada de la proposición de ley presentada por PNV y PSE sobre la RGI. Otro será las manifestaciones convocadas por el movimiento de pensionistas para el 16 de noviembre en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

La Carta entiende que en la actual coyuntura es necesario «dar un salto en la lucha» con el objetivo de «construir otro modelo socio-productivo, poniendo la vida en el centro, dando prioridad a la sostenibilidad de los cuidados y del planeta».

Aranburu ha explicado que «entre todos y todas hemos generado las condiciones para dar un salto más en las movilizaciones que estamos realizando; un salto más para poder seguir luchando a favor de un trabajo, unas pensiones y una vida dignas con más fuerza».

Elemento clave en esta nueva dinámica es la defensa del derecho a decidir. «Avanzar en democracia y obtener mayores cotas de soberanía es parte de esa lucha diaria por un empleo, unas pensiones y una vida digna», ha sostenido la secretaria general de LAB.

A pesar de ello, Aranburu ha advertido de que «el proceso de precarización no se debe exclusivamente a los límites establecidos por Madrid. Ni en las instituciones de la CAV ni en Nafarroa ha existido voluntad política para combatir el proceso de precarización laboral y social. Se han hecho las mismas políticas públicas que en el Estado«. «El propio lehendakari Urkullu lo ha verbalizado sin ningún tipo de complejo. Están del lado del poder económico. Han dado la espalda a la gente trabajadora», ha criticado.