El formato de la movilización semanal de los jubilados navarros ha sido hoy diferente, pero la reivindicación ha sido la misma. No solo se han concentrado ante el Ayuntamiento de Iruñea, como hacen todos los lunes, sino que han marchado en manifestación hasta el Parlamento navarro, donde han entregado un documento con sus reivindicaciones.

En el itinerario, han coreado consignas a favor de la pensión mínima de 1.080 euros y en contra de la privatización del sistema público de pensiones, además de otras que mostraban su rechazo a las partidas de la Corona y el Ejército, que reclamaban que fueran destinadas a pensiones.

Representantes de Amona, Oneka, Pentsionistak Martxan y Sasoia han entregado un documento en el que recogen sus reivindicaciones. La primera de ellas es que se integren en los presupuestos del Estado las partidas necesarias para garantizar una pensión mínima de 1.080 euros, la revalorización automática y permante de las pensiones como mínimo con el equivalente del IPC, la derogación del factor de sostenibilidad y la derogación de los aspectos más regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013.

Además, para ir reduciendo la brecha de género, reclaman medidas concretas como la asignación de periodos de cotización incrementados por ceses de actividad laboral por cuidados familiares o por nacimiento de hijos, con carácter retroactivo.

Junto a ello, destacan que para que las pensiones sean dignas los sueldos deben ser también dignos, por lo que reclaman el incremento del SMI hasta los 1.200 euros. Además, piden medidas para perseguir el fraude fiscal, el desvelamiento de la economía sumergida o el fin del tratamiento fiscal privilegiado a los planes privados de pensiones.

También en Nafarroa

Los colectivos de jubilados navarros son plenamente conscientes de que estas medidas son competencia del Estado español, pero subrayan que desde Nafarroa también se puede actuar en favor de los pensionistas. Entre estas medidas que reclaman a los agentes políticos navarros están que se complementen las pensiones que no lleguen a los 1.080 euros hasta esta cifra mientras no se alcance este importe, que se amplíe la dotación presupuestaria para los servicios a personas dependientes, ayuda a domicilio y otros servicios sociales o que se garantice una red de residencias públicas de la tercera edad.

Ayudas al copago farmacéutico, una protección sanitaria con listas de espera limitadas y que garantice una atención adecuada en las zonas rurales, el establecimiento de un bono energético o un transporte urbano e interurbano subvencionado para quienes no alcancen la pensión mínimo de 1.080 euros son otras de las demandas que los pensionistas han entregado en el Parlamento navarro.