El tatuador quedó en libertad por orden judicial tras una vistilla celebrada al término de la última sesión del juicio, en octubre pasado, a pesar de que la que la Fiscalía solicitó penas que suman 28 años y medio de prisión para el procesado, mientras que la defensa, ejercida por la letrada Cristina Morcillo Buj, pidió la libre absolución.

En aquella vistilla, tanto el fiscal como las dos acusaciones particulares personadas en el caso en representación de dos de las víctimas, solicitaron mantener en prisión provisional al tatuador a la espera de la sentencia, con la oposición de la abogada defensora, que demandó la puesta en libertad de su cliente.

El magistrado del Juzgado de lo Penal numero 2 asumió entonces las tesis de la defensa y decretó la excarcelación del acusado, con la obligación de presentarse en el juzgado el primero de cada mes «a fin de asegurar su localización».

Para ello, el juez tuvo en cuenta, entre otros argumentos, que el tatuador, de nacionalidad venezolana, ya había cumplido un año y ocho meses de prisión, que tiene familia y arraigo en el Estado y que está pendiente de una solicitud de asilo.

No obstante, la Fiscalía y las acusaciones particulares recurrieron su puesta en libertad ante la Audiencia de Gipuzkoa, a la que reclamaron su reingreso en prisión a la espera de la sentencia o que, subsidiarimante, aumentara las medidas cautelares para evitar una posible fuga.

En un auto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial rechaza volver a encarcelar al tatuador dado que «está cumpliendo con la obligación de comparecer» una vez al mes que le fue impuesta.

«Es decir –añade el documento–, que ha mantenido un comportamiento que denota una sujección al procedimiento y una voluntad de cumplir con las obligaciones impuestas».

No obstante, el tribunal considera que una única comparecencia mensual resulta «excesivamente laxa» porque «no garantiza, en modo eficiente, la sujección del acusado devenir del proceso y su disposición para el cumplimiento de las eventuales penas de prisión que pudieran serle eventualmente impuestas».

Por este motivo, accede a la petición de las acusaciones e incrementa las medidas de control sobre el procesado al que obliga ahora a presentarse en sede judicial los lunes, miércoles y viernes, le prohíbe abandonar el país y ordena la retirada de su pasaporte.