La mayoría sindical –LAB, ELA, CCOO y UGT– ha desmentido que se estén realizando test de manera masiva a las empleadas del sector geriátrico de Araba. En concreto, critican que al «95%» de estas trabajadoras –alcanzan la cifra del millar– todavía no se les ha hecho prueba alguna para detectar posibles casos de Covid-19, algo que también sucede con el 60% de los mayores residentes en dichos centros.

Consideran que la situación es «mucho más grave» en lo que se refiere al sector de ayuda a domicilio, donde censuran que no se ha hecho ninguna prueba ni a los usuarios ni a las trabajadoras. Aseguran, además, tener constancia de que hay empleadas que se han incorporado al trabajo «tras una cuarentena» sin que se les hayan hecho los test.

Las trabajadoras han lamentado también la falta de EPIs para poder desarrollar correctamente su trabajo y evitar el contagio. Un material «escaso» y que se «reutiliza» durante varios días, dejando de hacer su función protectora y poniendo la salud del personal de estos sectores «en la cuerda floja».

De los 147 usuarios de residencias de Araba que han fallecido, casi la mitad –72– procedían de dotaciones privadas, según los datos ofrecidos por la Diputación de este herrialde, quien también ha comunicado que el 40% de las muertes en este territorio se han producido en dichos centros de mayores.

Tras la muerte por Covid-19 de un trabajador de una residencia privada, los sindicatos mantuvieron el jueves una reunión de tres horas con el diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, quien expuso que «no está en sus manos» la realización de los test a las plantillas, por ser Osakidetza quien lo gestiona.

Promesas que no convencen

En todo caso, el propio Sola trasladó que las pruebas se irán realizando y que Salud ha priorizado su puesta en marcha «en el sector residencial», promesas que no terminan de convencer hasta que no se vean materializadas. De hecho, los sindicatos han insistido a la entidad foral en que «controle y vigile» con más inspecciones a los centros privados y al sector de ayuda a domicilio, ya que lo que les traslada la institución «no tiene nada que ver» con la información que ellos reciben.

Las centrales sindicales también denuncian que las trabajadoras del sector privado que prestan servicios en las residencias públicas «no estén viendo su salario complementado», lo que genera «una doble escala salarial». Estas empleadas llevan más de un año exigiendo la elaboración de un convenio provincial que acabe con sus «precarias condiciones laborales» en cuanto a sueldo y horas trabajadas se refiere.