El caso de desahucio exprés de una octogenaria de Biarritz, que ha debido realojarse temporalmente en casa de unos amigos, ha saltado de la prensa vasca a la hexagonal.

La señora de 83 años salió, el lunes, primer día del desconfinamiento en Ipar Euskal Herria, para dar un paseo. Al regreso a casa, a eso de las 19.00, la cerradura de la vivienda, alquilada, estaba cambiada, y en el descansillo estaban sus pertenencias, incluido un frigorífico.

Tras llamar a la Policía, el propietario de la vivienda, que reside en el mismo inmueble, trató de justificar su actuación asegurando que la inquilina había manifestación su intención de dejar el alojamiento.

El rotativo “Le Parisien” se hace eco del caso citado inicialmente por la cabecera local "Sud Ouest" y reproduce las declaraciones de Véronique Decis, la abogada que ha asumido la defensa de la octogenaria inquilina.

«El propietario ha actuado de una forma particularmente inhumana, dejando en la calle una señora de edad avanzada y además de forma del todo ilegal», asegura la letrada.

La abogada ha recordado que siguiendo la ley, sin un procedimiento judicial no es posible expulsar a nadie de un alojamiento ,«ni siquiera en el caso de una ocupación».

El desacuerdo entre dueño e inquilina sobre la continuidad del contrato remonta a los meses anteriores a la pandemia, cuando el dueño habría tratado de convencer a la señora para que abandonara la vivienda para poder utilizar la misma para un alquiler turístico, lo que, a este estadio del estado de alarma sanitaria, por cierto, está prohibido en el Estado francés.

La mujer ha reconocido un retraso en el pago del alquiler, que atribuye a problemas en el funcionamiento del servicio de Correos durante el periodo de confinamiento.

Desalojos de locales versus alojamiento de turistas

El caso salta a la luz después de que el Gobierno francés, dentro de las medidas para paliar las consecuencias sociales más lacerantes de la pandemia causada por el Covid19, anunciara recientemente que se prolongará la llamada «tregua invernal» hasta el 10 de julio.

Esa es la definición que se da en el Hexágono a una medida que tiene como objeto evitar que en los meses más fríos se produzcan desahucios de inquilinos.

De forma excepcional, en un escenario de fuerte aumento del paro parcial o directamente del desempleo, el Gobierno ha extendido hasta el mes de julio esa medida de protección social.

Sin embargo, el hecho de que esa decisión se haga compatible con otra medida, el ambicioso plan de relanzamiento turístico hecho público esta semana por París, con promesa incluida a cargo del primer ministro Edouard Philippe de que «los franceses puedan partir de vacaciones en julio y agosto dentro de Francia» puede dar lugar a conflictos de intereses evidentes, en relación al alquiler, particularmente en zonas de fuerte exposición al turismo.

Arenales abiertos

En Ipar Euskal Herria, particularmente en la costa labortana, en Biarritz pero también en otras localidades codiciadas por los turistas es habitual que con acuerdos privados o bajo presión personas que alquilan la vivienda para el año deban salir de sus casas en los meses de verano.

Ello para que el propietario de la vivienda pueda ofrecer la casa como alquiler de verano, a precios, evidentemente, mucho más elevados.

El desahucio ocurrido el lunes en Biarritz es la cara amarga de una semana que para la localdad balnearia, al igual que para el resto de la costa ha deparado la noticia de la reapertura, para actividades como el paseo o el deporte, de las playas.

Desde hoy se puede pisar la arena y surfear, aunque se excluye por el momento que se pueda ir a la playa para tumbarse a tomar el sol.