Fuentes cercanas al procedimiento citadas por Efe han explicado que ambos han negado haber filtrado exámenes. Además el jefe de Servicio de Neurocirugía imputado ha dicho que nunca había oído rumores sobre la práctica de filtración de pruebas en las OPE, algo que sin embargo sí ha admitido la responsable de Neurofisiología que existían.

El primero también ha reconocido que en su prueba y con «conocimiento de Osakidetza» se hizo una «variación» porque se decidió que los aspirantes leyesen la parte práctica ante el tribunal, un hecho que supondría la ruptura del anonimato de los opositores que imponía el manual operativo de la OPE.

Este hecho ha provocado que el sindicato ESK, también personado en el proceso como acusación popular, vaya a solicitar las actas del tribunal de Neurocirugía para saber quién decidió ese cambio. Tanto esta central como LAB consideran que, si esto se confirma, la dirección de Osakidetza permitió una práctica que vulnera «cualquier principio, de igualdad y transparencia».

Respecto a la solicitud de imputar a Darpón y otros altos cargos por asociación ilícita, el objetivo de LAB es dar un «salto cualitativo» en este proceso, en el que de momento la imputación que se formula de manera preliminar contra las personas hasta ahora investigadas, un total de cinco (los hoy llamados a declarar y los jefes médicos de Anestesiología, Angiología y Digestivo que ya han pasado por el juzgado), es la de revelación de secretos.

ESK ha anunciado ya que apoyan esta solicitud, sobre la que tendrá que pronunciarse el juzgado, ya que tal y como ha mantenido su portavoz, Patxi Nicolau, en Osakidetza existe «de manera de estructural» un proceso de asignación «fraudulenta» de las plazas.

El abogado de LAB, Iñigo Santxo, ha argumentado que la central ha querido desde el primer momento impulsar una investigación a fondo, no quedarse en la «punta del iceberg» y que se depuren todas las responsabilidades. En su opinión se conformó una especie de «tejado delictivo» para «garantizar ese control total, la asignación prevista de todas las plazas», y en el que el «núcleo» estaba compuesto por Darpón, Múgica y los otros tres cargos de Osakidetza para los que se pide ahora la imputación de asociación ilícita.

Santxo ha recordado que el delito de asociación ilícita requiere de tres requisitos, que se dan en este caso: que sean tres personas más, que sea algo estable en el tiempo y que tenga una finalidad delictiva, que también se da, porque lo que pretendían era hacer «una asignación de plazas a unas personas quebrando los principios de capacidad, mérito e igualdad que tienen que guiar cualquier oferta pública de empleo».