En un comunicado, Verter explica que los técnicos que tuvieron acceso al informe topográfico identificaron «una situación anómala», pero no «indicios de que se pudiera producir el derrumbe inminente» del vertedero, como sucedió el 6 de febrero dejando sepultados a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, cuyos restos aún no se han localizado.

Desde Lakua, la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, señaló el pasado lunes que Verter Recycling no le había trasladado «ningún informe topográfico» que aconsejara la paralización de los trabajos ante el riesgo de colapso por la aparición de grietas. Moreno aseguró que Medio Ambiente habría «actuado» si hubiese tenido conocimiento de algo así y «no ocurrió porque la empresa, que es quien tenía que transmitir esa información a la administración, no lo notificó».

Por su parte, Verter Recicling ha asegurado, en una nota remitida a agencias, que actuó «de manera diligente» en los días previos al «fatal accidente» en el vertedero, que se produjo a las tres de la tarde del jueves 6 de febrero, mientras que, según ha explicado, las grietas se habían identificado en la tarde del lunes 3.

En este sentido, ha afirmado que procuró «tomar decisiones con criterios de seguridad a partir de la mejor información disponible», que iba recabando de los informes y recomendaciones de los técnicos «internos y externos» que supervisaban la situación del vertedero. De este modo, ha subrayado que, «a la vista de esos informes y recomendaciones, el derrumbe era completamente imprevisible, pues ningún técnico advirtió de que existiera dicho riesgo».

La empresa ha precisado que la aparición de grietas «no es algo extraordinario» en un vertedero y no representa «necesariamente una relación directa que pueda causar un derrumbe de las dimensiones generadas, máxime en un vertedero donde la masa de vertido está en proceso de consolidación constante».

En cualquier caso, ha incidido en que, «tan pronto como se tuvo conocimiento de las grietas que aparecieron en el depósito», citó a la empresa de topografía y a Geyser, la ingeniería encargada de la supervisión técnica del vertedero, para «encargar el estudio, que se realizó el martes día 4, el miércoles 5 por la tarde se recibieron los resultados del mismo, y el jueves 6 Geyser, tras una primera lectura de los resultados, se pone en contacto con la empresa y se decide convocar una reunión el viernes 7 en el propio vertedero, con la asistencia de varios ingenieros especializados».

En ese encuentro, se iba a «analizar el informe sobre el terreno», ha explicado Verter, que ha añadido que, «si hubiera existido una advertencia sobre el riesgo de derrumbe o éste se hubiera identificado como tal por los técnicos a partir del estudio realizado, tal reunión no se habría convocado en esa fecha y en ese lugar, como es obvio».

Diagnóstico

El objetivo de la reunión «era disponer de un diagnóstico claro para tomar medidas e informar al Gobierno Vasco, de acuerdo a lo exigido por la Autorización Ambiental Integrada».

Según ha precisado, «la Autorización Ambiental Integrada de Verter exige informar al Gobierno Vasco ante una situación anómala, pero siempre con un adecuado diagnóstico de situación y con una propuesta de medidas a adoptar».

A este respecto, la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, el que más residuos recibió en 2018 en toda la CAV, ha remarcado que, que durante todos los años de actividad, ha informado «puntualmente al Departamento de Medio Ambiente de Lakua de todos los informes topográficos que se han realizado trimestralmente, a través de los programas de Vigilancia Ambiental que se realizan cada año, sin que se haya detectado ningún movimiento anómalo del vertedero». «Esta actuación ha sido acreditada por los representantes del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco», ha agregado.

Cabe recordar que la inspección sí que había detectado irregularidades como la eliminación de todo tipo de residuos más allá de los permitidos. La Unidad Medioambiental de la Ertzaintza apreció indicios de delito, pero el consejero Arriola las definió en el Parlamento como «desviaciones no significativas o severas». 

El pasado día 21, la Ertzaintza detuvo  al dueño de Verter y a otros dos altos cargos de la empresa (José Ignacio Barinaga, Arrate Bilbao y Juan Etxebarria), que quedaron en libertad provisional con medidas cautelares tras comparecer en el juzgado.

Los arrestos dieron lugar a una inusual situación, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) afirmó que las detenciones se produjeron sin orden judicial, mientras que Lakua sostenía que los juzgados autorizaron el traslado a comisaría y los registros oportunos.