![En Barcelona las cuotas de alquiler se han disparado un 40% en cinco años. (AJUNTAMENT DE BARCELONA)](/media/asset_publics/resources/000/733/205/article_main_landscape/barcelona.jpg)
El Parlament ha aprobado esta tarde una ley pionera para regular los alquileres en la comunidad gracias a los votos de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que han impulsado la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat.
Ciudadanos, PSC-Units y PP han votado en contra porque creen que es una ley «electoralista» e «inconstitucional». Alegan además que el Consell de Garantías Estatutarias, organismo consultivo, ya ha advertido de que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales.
Los cuatro diputados del PDeCAT, por su parte, han roto por primera vez la disciplina de grupo con JxCat y han rechazado el grueso del texto porque, en su opinión, no protege al «pequeño propietario» ni incentiva la oferta.
La iniciativa, que según el Sindicat beneficiará a cinco millones de personas, pretende facilitar el acceso a la vivienda, que según el Centro de Estudios de Opinión es uno de los principales problemas para los catalanes.
Y es que en ciudades como Barcelona, las cuotas que afrontan los inquilinos se han disparado un 40% en los últimos cinco años y a principios de año, según datos de la Generalitat, el precio medio de los nuevos contratos superó por primera vez los 1.000 euros, más o menos lo mismo que cobran la mitad de los menores de 30 años que viven en la capital catalana.
La ley aprobada quiere acabar con la «pesadilla» que para muchos supone la renovación de un contrato de alquiler: en las zonas declaradas como «mercado de vivienda tenso» no se podrán incrementar las mensualidades, e incluso se tendrán que bajar si están por encima de la media de alquileres de la misma zona.
En el caso de las viviendas que se alquilen por primera vez, el precio tendrá que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona.
La obra nueva queda fuera de estas limitaciones, como también los arrendadores «vulnerables», es decir, aquellos cuya unidad familiar ingrese menos de 2.000 euros –2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC)– mensuales.
Se considerarán «áreas con un mercado de vivienda tenso» las que cumplan uno de estos tres requisitos: que el precio de los alquileres presente un crecimiento sostenido notablemente superior a la media catalana, que los arrendatarios tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar las mensualidades, y que el precio del alquiler haya subido tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
La ley nace con la incógnita de si acabará suspendida en el Tribunal Constitucional español (TC). El president, Quim Torra, se ha apresurado a pedir al Gobierno español que no la recurra.
Celebro el consens aconseguit per aprovar la llei per regular els lloguers. Agraeixo l’esforç per fer possible una legislació necessària que ens ha d’ajudar a millorar l’accés de molta gent a un habitatge digne. Confiem ara que el Govern de PSOE-Podem-Comuns no la portin al TC https://t.co/HvkIMLh0nw
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 9, 2020
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