Primero fue el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, y luego –después de la declaración institucional del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez– le siguieron otros como el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, y los gobiernos de Asturias, Extremadura, La Rioja y Catalunya. También María Chivite hizo la petición solicitando para sí la gestión en Nafarroa. En otras zonas como Castilla y León y el País Valencià se preparaban «toques de queda». En la Moncloa se anunciaba la posibilidad de reunir al Consejo de Ministros este fin de semana.

La noticia llegó primero como un aviso y dos horas después el lehendakari Iñigo Urkullu compareció ante los medios para anunciar oficialmente que había remitido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, una solicitud formal para la declaración de un estado de alarma en todo el Estado, «cuyo mando y gestión –explicó– quede en manos de las y los presidentes de las comunidades autónomas. Un mando y una gestión que se desarrollará de manera coordinada con el Estado», según precisó.

Superar las limitaciones

El lehendakari expuso tres razones para justificar su decisión. La primera de ellas «la escalada de casos positivos que se está produciendo». Una tendencia que teme que se seguirá manteniendo en adelante.

En segundo lugar, hizo mención a «las limitaciones de actuación con que se encuentra el Gobierno Vasco desde el punto de vista jurídico». E incidió en que «estas limitaciones se vieron ratificadas ayer tras conocer el Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco».

El lehendakari se mostró enfadado al hablar de la resolución adoptada por el TSJPV que no avaló la prohibición de reuniones de más de seis personas. Por ello, esta medida prevista por el Ejecutivo de Lakua se ha tenido que formular como recomendación y no como prohibición, en las órdenes publicadas ayer en el Boletín Oficial.

Urkullu se quejó de que «creíamos que teníamos competencias suficientes» para adoptar este tipo de medidas que, además, contaban «curiosamente con el aval de la Fiscalía del Superior del Justicia». «Nos encontramos con el fallo que vuelve a incidir en una situación que ya sufrimos el 11 de agosto. No es la primera vez» –recordó con enojo–, haciendo mención al recurso admitido al sector de la hostelería de Gipuzkoa. Esas medidas «luego fueron aplicables por orden del Ministerio de Sanidad», según apostilló.

La tercera razón expuesta por el lehendakari fue «la alta probabilidad de que sea necesario adoptar estas próximas semanas nuevas medidas, más restrictivas e intensas, para contener la propagación del virus». No llegar al confinamiento

Preguntado sobre de qué tipo eran esas «nuevas medidas» de las que hablaba, Iñigo Urkullu expuso en primer lugar las «recomendaciones que son consecuencia del auto de TSJPV y que podría convertirse en prohibición».

El lehendakari habló también de la «limitación de la actividad nocturna», explicando además que «no me gusta el término toque de queda». Habría excepciones como acudir al trabajo, situaciones de emergencia o visita familiar por razón de dependencia o de urgencia.

También hizo mención al control de movilidad por municipios, territorios, zonas o incluso en toda la comunidad. Son los llamados confinamientos perimetrales. Y dejó caer que para tomar estas medias precisa del estado de alarma, porque la movilidad es un derecho fundamental según recuerda el TSJPV.

El lehendakari no descartó que eventualmente se pueda llegar hasta el confinamiento total, como ocurrió en marzo y abril, pero aseguró que «no es nuestra voluntad» como tampoco lo es del Gobierno español.

A lo largo de su intervención, el lehendakari hizo mención varias veces a que el objetivo de sus decisiones es «seguir otorgando toda la prioridad a la defensa de la salud pública y garantizar la seguridad de las personas ante una situación de alta gravedad», precisando que se refería a «todas las personas», y no solo a «las enfermas y sus contactos directos». La alusión no era nada inocente, puesto que el auto del TSJPV sostiene que las medidas restrictivas propuestas por Lakua «necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible» han de entenderse referidas únicamente a «los enfermos» y las «personas que han estado en contacto con los mismos».

EH Bildu da todo su apoyo a Lakua y solicita más ayudas y soberanía

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz, Maddalen Iriarte, anunció ayer por la mañana que «las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco en los últimos días y en las últimas horas cuentan con el apoyo de Euskal Herria Bildu. Con todo el apoyo». Fuentes de la formación consultadas por GARA aseguraron que esta afirmación no varía después de que por la tarde el lehendakari informara de que había pedido la declaración del estado de alarma.

Es más, esta solicitud reafirma a EH Bildu en las declaraciones realizadas por la mañana de que «el autogobierno actual no nos da plena capacidad para hacer políticas para cuidar y proteger a la gente». Maddalen Iriarte había denunciado que el Gobierno autonómico no pueda poner límites a la movilidad o a la agrupación de personas por miedo a que se los pueda echar atrás el TSJPV. «¿Qué pasa, que tenemos que esperar siempre a lo que se decida en Madrid para proteger a nuestra ciudadanía?», se preguntó.

Al tiempo que EH Bildu daba todo su apoyo a las decisiones adoptadas por Lakua, mostraba su «preocupación porque el Gobierno debe ser más rápido al tomar medidas dentro de su competencia. Ni en marzo, ni en verano, ni ahora hemos conseguido ir por delante del virus, y eso es algo que tenemos que lograr».

Maddalen Iriarte reclamó más rastreadores, nuevos protocolos y también planes de apoyo para la hostelería, recordando que «en Catalunya, por ejemplo, ya han tomado medidas para abaratar los alquileres». Además ve preciso el fomento del teletrabajo y mayores facilidades para la conciliación.

EH Bildu hizo «un llamamiento a todos los vascos y vascas para que actúen con responsabilidad y reduzcan en la mayor medida posible las relaciones interpersonales, porque es la mejor aportación que cada uno de nosotros y nosotras puede hacer en beneficio de la comunidad». Maddalen Iriarte invitó a que lo que no sea obligatorio por decisiones judiciales se lleve a cabo en aplicación de una «ética nacional como pueblo para hacer frente al desafío que tenemos».