En un discurso ante la prensa, Thaci ha informado de que un juez de instrucción del Tribunal Especial para Kosovo, con sede en La Haya, ha confirmado su imputación por crímenes de guerra por su papel en el conflicto de 1998-1999 como dirigente del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK). Tras la renuncia de Thaci, la presidente de la Asamblea de Kosovo, Vjosa Osmani, asumirá el cargo de presidenta del país de acuerdo con lo estipulado en la Constitución.

«No me ha permitido comparecer ante el tribunal como presidente, por lo que para proteger la integridad del estado presento mi renuncia», ha afirmado Thaçi. «Para proteger la integridad de Kosovo, respetando la relación con la comunidad internacional, hoy presento mi renuncia en el cargo de presidente. Me siento muy orgulloso de la responsabilidad que he tenido», ha añadido.

Thaçi ha pedido a las fuerzas políticas que «sean prudentes» y no lleven al país a una «crisis institucional» porque el Kosovo «no tiene tiempo que perder».

«Hay que mantener la calma», ha subrayado, antes de recalcar que ninguna imputación «puede distorsionar la historia» porque, ha remarcado, Serbia fue «el agresor» y Kosovo «la víctima» en el conflicto.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Thaçi afronta diez cargos de crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra, incluidos asesinato, desaparición forzada de personas, persecución y tortura.

El actual presidente kosovar fue uno de los fundadores del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), y asumió el liderazgo en las negociaciones de 1999 para poner fin al conflicto. Fundó luego el PDK, desde el que se convirtió en primer ministro y declaró unilateramente la independencia de Kosovo en 2008 la independencia de la República de Kosovo, con el reconocimiento inmediato de los EEUU y varios países de la UE. En 2016 fue elegido presidente del país.

El Parlamento kosovar, con la presión internacional y las promesas de reconocimiento e integración del país en instituciones globales, aprobó en 2015 una ley para permitir el establecimiento de la Corte Especial en La Haya para investigar los crímenes de guerra hasta el 31 de diciembre de 2000, incluidas las acusaciones sobre el tráfico de órganos, a pesar de que podría salpicar a los principales políticos del país.

La coalición gubernamental ha intentado revocar la legislación, aunque no ha obtenido el apoyo necesario.

Los serbios y otras comunidades reclaman que las investigaciones vayan más allá de junio de 1999, ya que la mayoría de las víctimas tras esa fecha son serbias, como recordaba Miguel Fernández Ibáñez en este reportaje publicado en GARA.