Nafarroa destinará en 2022 un total de 91,4 millones de euros al ámbito de la discapacidad, en el que se encuentran reconocidas más de 35.000 personas tras experimentarse un notable incremento en los últimos años.

Estas son las cifras que ha aportado la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo navarro, Mari Carmen Maeztu, durante una comparecencia parlamentaria solicitada por EH Bildu para que informara sobre el desarrollo del Plan de Discapacidad 2019-2025 del herrialde y de las futuras acciones planteadas.

En su intervención, la consejera ha recordado que el plan fue aprobado durante la legislatura del Gobierno del cambio, en mayo de 2019, «con la aquiescencia de todo el sector» tras ser muy participado y que hace una apuesta decidida por conseguir la máxima autonomía de las personas con discapacidad.

Ese plan se aplica a un sector de la población que ha experimentado un notable incremento en el herrialde, hasta alcanzar en 2021 un total de 35.765 personas con una discapacidad reconocida. En ese segmento centró el departamento de Maeztu diversas acciones durante el año pasado dentro del citado plan, como crear domicilios más accesibles con apoyo de asistencia facilitando determinados productos, a los que se destinaron 120.000 euros.

La consejera ha añadido que se ha avanzado en el terreno de la teleasistencia, que se ha «mejorado la accesibilidad en la atención sanitaria» y que el acceso al empleo de las personas con discapacidad «ha sido una prioridad». En ese sentido, ha destacado el incremento de las ayudas a la contratación de personas con ese perfil en un 30%.

De cara al presente año, la consejera de Derechos Sociales ha anunciado que su departamento destinará a la discapacidad 91,4 millones, lo que permitirá reforzar el apoyo que se ha venido prestando en las áreas ya señaladas.

Entre todas ellas, Maeztu ha destacado los 3,43 millones se destinarán a productos de apoyo para hacer los domicilios más accesibles. Un notable incremento que ha sido posible gracias a los fondos europeos.

Además, ha recordado que también en 2022 se abordará la primera ley integral que regulará los derechos de las personas con discapacidad.

Incremento «preocupante»

En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, Patricia Perales, por EH Bildu, ha puesto el acento en el «preocupante» incremento de las personas con discapacidad de Nafarroa. Un adjetivo que Maeztu ha compartido y que ha apuntado que puede deberse al refuerzo del equipo que realiza las valoraciones, lo que ha permitido reducir los plazos para hacerlas y, en su caso, reconocer la discapacidad.

Perales ha reconocido que han aumentado las prestaciones y servicios destinados a estas personas, aunque ha abogado por que el Gobierno sea «ambicioso» en este ámbito y preste una especial atención a todo lo relacionado con la prevención, donde aprecia una «carencia importante», en especial en el terreno educativo.

Desde las filas de UPN, Marta Álvarez ha sido especialmente crítica con la gestión de la consejera, hasta el punto de señalar que el Plan de Discapacidad es «papel mojado, porque ha comenzado a trabajar con planes operativos». Ha achacado a la consejera «poca transparencia» y ha asegurado que «no está cumpliendo ni de lejos las expectativas del plan», al tiempo que le ha exigido que lo lleve a la práctica.

Nuria Medina, del PSN, ha destacado el «presupuesto histórico» que se va a destinar este año a la discapacidad y ha puesto de relieve que con el plan «se ha asentado un cambio de paradigma centrado en la persona y se han dado avances que eran necesarios desde hace mucho tiempo».

Por Geroa Bai, Isabel Aramburu también ha destacado el cambio de paradigma que supone el Plan de Discapacidad, que ha calificado de «bueno y ambicioso». Ha reconocido que se «han hecho muchas cosas, pero ha habido carencias». En este sentido, ha echado en falta un informe de evaluación de cómo se está desarrollando la implantación del plan.

Por su parte, Maria de Simón, de I-E, ha realizado una valoración positiva en relación «a los avances tan importantes que ha habido en los recursos de atención a las personas con discapacidad», aunque también ha sacado a colación ámbitos de mejora en cuestiones como «los plazos de atención, las condiciones laborales de los profesionales que prestan la atención o la calidad del empleo» de estas personas.