Son al menos 15 los países de la Unión Europea que quieren acabar con el encriptado que emplean las grandes apps de mensajería. Se trata de un sistema mediante solo el emisor y el receptor (o receptores) de un mensaje pueden leerlo. La clave de cifrado suele cambiar regularmente, cuestión que suele notificarse con mensajes como «tu código de seguridad con XXX ha cambiado». 

Los Estados han abogado por acabar con estos sistemas de encriptación, utilizando como argumento principal que esta inviolabilidad de las comunicaciones favorece el envío de contenidos sobre abusos sexuales a menores, conocidos en inglés por las siglas CSAM (Child Sexual Abuse Material).

Las opiniones que recoge el documento revelado por ‘Wired’ son variopintas. De un lado, están los países que defienden la inviolabilidad de las comunicaciones y, en consecuencias, mantener un sistema de cifrado tan inescrutable como el que se maneja actualmente. En ese grupo se incluyen Alemania, Finlandia y Estonia. Estos países entienden que romper el cifrado seguro puede afectar a la propia seguridad de datos de los gobiernos o a la seguridad nacional, según comentó a ‘Wired’ una experta de la universidad de California. 

El grupo con una postura intermedia sería el representado por Países Bajos, Eslovenia o Croacia. Estos estados defienden que habría alguna fórmula para escanear no ya el mensaje protegido por el cifrado de extremo a extremo, sino los propios móviles de emisor y receptor, una vez que hayan procedido al desencriptado de esa comunicación.

Varios expertos consultados por la publicación especializada consideran que ejecutar esto resulta imposible sin poner en cuestión la invulnerabilidad del sistema de cifrado actual. 

La opción más radical es la liderada por el Estado español, los ultranacionalistas que gobiernan Hungría, Polonia y Chipre. Estos sostienen que el cifrado ha de romperse de modo que se pueda acceder externamente al contenido de los mensajes.

Para el portavoz del Ministerio del Interior consultado por ‘Wired’, Daniel Campos, el código de seguridad de extremo a extremo constituye «una amenaza». 

Madrid defiende tanto levantar el cifrado por orden judicial como que los padres puedan acceder a las comunicaciones de sus hijos. Pero el documento va más allá y este grupo contrario al sistema de cifrado ve «necesario» que sus policías tengan la capacidad de leer los mensajes. Chipre lo defiende en el marco de la lucha contra la difusión del CSAM. Hungría apoya la tesis, simplemente, por ayudar a las Fuerzas de seguridad.