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La Justicia europea anula una multa de 1.490 millones a Google por abuso de posición

El fallo del Tribunal General de la Unión Europea confirma «la mayor parte» de los argumentos del Ejecutivo comunitario, pero tumba la decisión de imponer a Google una multa de 1.490 millones de euros por abuso de posición dominante a través de su plataforma de publicidad AdSense.

Logo de Google en una pantalla de ordenador.
Logo de Google en una pantalla de ordenador. (Ricardo RUBIO | EUROPA PRESS)

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dado este miércoles la razón a Google y anulado la multa de 1.490 millones de euros que le fue impuesta por la Comisión Europea en 2019 por imponer durante una década restricciones a páginas web terceras en el mercado de la publicidad online a través de su plataforma ‘AdSense for Search’ (AFS).

La sentencia, ante la que cabe recurso, confirma «la mayor parte» de las constataciones de Bruselas durante su investigación, pero concluye que los servicios comunitarios cometieron errores de apreciación respecto a la duración de las cláusulas controvertidas y a la parte de mercado afectada cuando se inició el caso.

De este modo, la Justicia europea apunta que el Ejecutivo comunitario no logró establecer con claridad que cada una de las tres cláusulas señaladas constituyeran un abuso de posición dominante y, en su conjunto, una infracción única y continuada de las reglas de la Unión Europea.

El caso se remonta a 2016, cuando Bruselas lanzó la investigación que concluyó tres años después sobre las presuntas prácticas abusivas impuestas por el gigante tecnológico en el mercado de publicidad online entre 2006 y 2016.

Según la investigación comunitaria, durante ese periodo Google incluyó cláusulas de exclusividad en sus contratos, de manera que se prohibía a las webs situar ningún anuncio de búsqueda de competidores en sus páginas de resultados de búsquedas.

También introdujo sucesivamente otras cláusulas llamadas «de emplazamiento» y de «autorización previa», pero en los tres casos la compañía retiró las cláusulas a partir de 2016, año en que la Comisión Europea comenzó a investigar formalmente.

En este contexto, el Alto Tribunal europeo considera que la Comisión no logró demostrar que las cláusulas controvertidas tuvieran la capacidad de disuadir a los editores para que no acudieran a intermediarios rivales de Google o que sirvieran para impedir a competidores de la tecnológica acceder a una parte significativa del mercado de los intermediarios publicitarios ligados a las búsquedas online.