El oleoducto Dakota Acces Pipeline (DAPL, Tubería de Acceso Dakota) es un megaproyecto consistente en la construcción de 1.700 kilómetros de tubería para el transporte del petroleo de baja calidad extraído en los pozos de fractura hidráulica o fracking de la formación Bakken, en Dakota del Norte, con punto de llegada en las refinerías de Illinois y el Golfo de México. Es una de las consecuencia de la «fiebre del fracking» en EEUU, con el objetivo de conseguir petróleo en su propio territorio. El volumen de tráfico previsto es de medio millón de barriles de crudo viajando diariamente bajo tierra y atravesando cuatro estados norteamericanos así como el territorio, incluido en el denominado Tratado Lakota, propiedad de la reserva sioux Standing Rock, a los que no se les pidió permiso alguno.

En concreto, la tubería va por el lago Ohae y pasa por debajo del río Missouri, el más largo del continente, en su confluencia con el río Cannoball. Por tanto, pese a que esté fabricado y controlado por la más alta tecnología, como afirma su constructor –el conjunto de compañías Energy Transfer Partners–, si existe la mínima posibilidad de que el oleoducto sufra algún tipo de fisura y el petróleo contamine el agua del Missouri, con las consecuencias que tendría en todo su recorrido, ellos se oponen... y también vecinos de la zona, ecologistas y otros muchos nativos americanos llegados de todos los puntos del país a apoyarles. Actores como Susan Sarandon, Leonardo di Caprio o Shailene Woodley –coprotagonista de “Snowden”, de Oliver Stone–, o políticos como Bernie Sanders o Seán Crowe, portavoz del Sinn Féinn de Asuntos Exteriores, también se han solidarizado con ellos.

El bloqueo lanzado desde el campamento improvisado de tipis bautizado como Red Warrior comenzó la primavera pasada, cuando las máquinas arrancaron a trabajar; no en vano, la fecha de apertura del oleoducto está fijada para este 2016. La presión, con los meses, fue en aumento, con enfrentamientos a pie de excavadora e incluso ataques con perros por parte de los vigilantes privados hacia los manifestantes, así como denuncias judiciales contra periodistas como Amy Gooldman, presentadora del medio independiente “Democracy Now!”, por dar testimonio de lo que vio. Por cierto, a los vigilantes no se les ha acusado de nada. El punto culminante, al menos de momento, ha tenido lugar a principios de este mismo mes: minutos después de que un juez federal rechazara la petición de los sioux para que se detuviese la construcción –y eso que reconocía que tenían razón, pero la cuestión es que no podían demostrar que «el oleoducto vaya a causar daños»–, tres agencias federales intervinieron ordenando detener temporalmente los trabajos en una parte de la ruta, mientras que el Gobierno pedía una «pausa voluntaria» a la constructora en un radio de 20 millas. La construcción puede continuar en otros lugares a lo largo de la ruta de la tubería, mientras que Dakota Acces aborda los retos legales de los sioux de Standing Rock y otras partes implicadas como los sioux Yankton de Dakota del Sur, que también les han llevado a tribunales. Independientemente de cómo discurran los acontecimientos en los próximos meses, aquello fue una victoria en toda regla.

Independencia energética. Buscando un paralelismo más cercano, Dakota del Norte sería algo así como el Teruel del Estado español: un territorio poco habitado pero en este caso, para suerte de unos y desgracia de otros, rico en recursos y, sobre todo, en petróleo de baja calidad. Dicho esto, el tenso conflicto surgido en esta reserva fronteriza con Canadá y que está colgada, casi como perdida, en los confines de Estados Unidos no habría llegado a convertirse en foco de interés internacional si no hubieran convergido una serie de circunstancias que lo hacen especialmente interesante y que han evitado que el bloqueo de las obras por parte de estos habitantes de las praderas sea uno de otros innumerables frentes abiertos en la geografía de América del Norte contra el fracking.

La primera, que se ha forzado a que la Administración reconozca que se ningunea a las naciones indias. «Este caso ha puesto de relieve la necesidad de un debate serio sobre si se debe de hacer una reforma a nivel nacional para que se tomen en consideración las opiniones de las tribus en este tipo de proyectos de infraestructura», reconocían las tres agencias federales –los departamentos de Justicia e Interior, así como el Ejército– en el comunicado conjunto en el que anunciaron la paralización de la construcción y que, a su vez, era una confirmación tácita de que el proceso de aprobación del oleoducto era inadecuado. De hecho, la tubería pasaba inicialmente cerca de Bismarck, la capital del Estado, pero su trazado se desvió enviándolo aguas arriba de la reserva. La evaluación ambiental la hizo la propia empresa constructora, por cierto. «Un ejemplo clásico de una larga y honorable historia de imponer el impacto de la contaminación sobre las personas en desventaja política y económica», en palabras de Jan Hasselman, la abogada de Earthjustice que representa a los sioux de Standing Rock.

El segundo elemento, e igual de importante, es la visualización del creciente movimiento de soberanía tribal que, si bien a menudo se cruza con el activismo climático, tiene sus propios objetivos. En una lucha local como esta de Dakota del Norte, los nativos americanos han visualizado que forma parte de la lucha por sus derechos y por la defensa de la soberanía sobre sus tierras. Muchos de los que han estado en Sacred Stone tienen sus propias batallas en casa, y muchos están ganando: En la Columbia Británica, el «campamento de resistencia» Unis’tot’en bloquea varios proyectos; y la tribu Lummi, en el estado de Washington, recurrió el año pasado a sus derechos de tratado para acabar con el proyecto del que habría sido el mayor puerto de carbón construido en América del Norte.

Winona LaDuke es una activista de larga trayectoria, directora ejecutiva de la organización Honor the Earth (Honrad a la tierra) y trabaja en la reserva White Earth (Minnesota), donde durante cuatro años han luchado hasta lograr la paralización del oleoducto Sandpiper. Entrevistada por Amy Gooldman, apunta que «los habitantes de la reserva de Standing Rock no tienen casas adecuadas, ni agua corriente, ni energía, ni infraestructura vial. Son tratados como ciudadanos de tercera clase, tienen altos índices de abuso y violencia contra mujeres y niños, mayor aún en los campos petroleros, y también sufren una epidemia de drogas. Esta comunidad ve cómo una tubería que cuesta 3,9 millones de dólares no les ayudará. Solo ayudará a las compañías petroleras». ¿La respuesta?: «Es hora de poner fin a la infraestructura de combustible fósil. Lo que estas personas necesitan es justicia energética. La independencia energética es cuando tienes control sobre tu futuro».