Orden de embargo. El agricultor, propietario de varios invernaderos, no puede pagar. Solución: desmontar y llevarse 40.000 euros en chatarra. Cuando Unicaja va a ejecutar la orden, se encuentra un solar. La anécdota no ha transcendido, sentaría un precedente para otros en la misma situación. Almería, Levante y Poniente, la zona del «mar de plástico», es un terreno que en 2015 superó las 30.000 hectáreas de invernaderos y que históricamente ha tenido un modelo de pequeños agricultores, propietarios de entre una y tres hectáreas –tres campos de fútbol– de tierra.

El «milagro» empezó en los 50 con las colonizaciones franquistas. «La estructura de los poblados responde a la ideología de la época. Montaron un discurso en el que lo rural era la cuna de los principios tradicionales, de derechas. El plan estatal era implementar el regadío en una zona seca y pobre. Expropiaban suelo y lo dividían en parcelas con sus casas de labor. Se instalaba una iglesia, un ayuntamiento, la escuela y la farmacia», dice Fernando Fernández, profesor de Urbanismo de la Universidad de Almería (UAL). Según su investigación, los primeros colonos «eran familias del litoral almeriense y granadino. Proletariado agrario que pidió préstamos a Caja Almería –hoy Unicaja– poniendo como aval las tierras de sus pueblos de origen». La financiación se dio al abrigo del Plan Marshall que oficialmente no se aplicó en el Estado español y con el que Estados Unidos facilitó, como dice Noam Chomsky, la inversión de dinero yanqui en Europa y sentó las bases para las multinacionales. «En el tardofranquismo se implantan los sistemas de riego por goteo de Israel y los europeos plantan aquí a cambio de que se les compren electrodomésticos. Hoy trabajan empresas como la alemana Bayer, la holandesa de semillas Enza Zaden, Monsanto o la suiza Syngenta, de semillas y pesticidas», explica Zaida Ruiz, ex concejal de IU-El Ejido y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). La leyenda narra la audacia de los colonos que, en aquella tierra destinada a plantar guisantes, innovaron con técnicas como el enarenado y la cubierta sobre parra, iniciando lo que desde el espacio se ve como un mar de plástico. La inversión pública fue definitiva, no tanto en el desarrollo del modelo agrícola, sino como germen de una nueva era económica.

La década de los 70 es la de la organización de pequeños agricultores en cooperativas comercializadoras para evitar los intermediarios. El modelo no ha terminado de asentarse y sus problemas actuales se deben en gran parte a que solo son productores, pero a principios de los 80 el aumento de la renta provocó una transición del modelo familiar al de contratación. Los hijos de los colonos salen del invernadero, van a la universidad y trabajan en otros sectores de la agroindustria. La necesidad de mano de obra coincide con la llegada de inmigración extranjera.

La Almería del ladrillo. «Los primeros inmigrantes vinieron con la Guardia Civil. Los repartían por el Estado», explica Spitou, senegalés afiliado al SAT. Según Eva Moreno, coordinadora del centro de acogida Cepaim de Níjar, entonces no existían los CIES, pero hoy se vende una situación de invasión: «Hace poco llegaron 36 argelinos, los soltaron porque no había sitio en los centros. El periódico hablaba de inseguridad ciudadana». Spitou dice que en 2002 las relaciones laborales dejaron de ser amables: «Si querías trabajo cogías una bicicleta y te buscabas la vida». Eran los años de la Almería del ladrillo, en algunos ayuntamientos abundaban los trajes gris marengo y era la tercera provincia en ventas anuales de Mercedes Benz. Las hectáreas de suelo rústico descendieron a unas 26.000, según la Asociación de Prensa de Almería, para dejar espacio al suelo urbano. Sonaban los nombres de Gabriel Amat y Juan Enciso –presidente de la Diputación de Almería y alcalde de Roquetas de Mar (PP) y alcalde de El Ejido (PP), respectivamente–, relacionados hoy con varios casos de corrupción. El más conocido es el caso Poniente, con sesenta imputados y que se juzgará en 2017.

La agricultura casi se quintuplicó entre 1975 y 2008, convirtiendo a Almería en la primera productora estatal. El culto al dinero era tal que se llevó por delante hasta la institución de la familia. La primera rusa llegó a Almería con un agricultor enriquecido que quería diversificar montando casinos y viajó a San Petersburgo para conocer el negocio. Aquello sentó un precedente como símbolo de estatus hasta el punto de que, cuentan, un cura de El Ejido selló un enlace diciendo: «Hasta que la rusa os separe».

El modelo de agricultor esclavista y putero, sin embargo, no es fiel a la realidad de los pequeños propietarios, que ni fueron los más enriquecidos por el ladrillo ni son los grandes beneficiados del éxito hortofrutícola. Según Cajamar, Almería volvió a batir su récord en exportación en 2015 con 2.000 millones de euros. La tierra es hoy un sector refugio, por lo que se está dando «una expansión de invernaderos como no se veía desde hace quince años», dice Andrés Sánchez Picón, profesor de Historia Económica de la UAL. «El dinero de gente que ganó mucho con la construcción y que sospechamos que no es en A, está yendo a la agricultura y generando una burbuja, imposibilitando el trabajo de los pequeños agricultores», explica Gabriel Luque, de IU-El Ejido. Esto provoca una sobrevaloración de la tierra y ahora «el metro cuadrado de un invernadero construido cuesta entre 28 y 40 euros; antes, entre 20 y 24». En el Poniente, donde hay más superficie invernada –El Ejido tiene la mayor concentración de Europa–, se están reconvirtiendo hectáreas que se calificaron como urbanizables a rústico en precario: los dueños de los solares pueden invernar la tierra, pero cuando la economía se preste, pasarán a ser urbanizables. Los costos de desmontar el chiringuito correrán a cargo del agricultor.

El problema del agua. El caso de la Ensenada de San Miguel, en El Ejido, con el que se relaciona un clásico como Florentino Pérez, es paradigmático. Había proyectadas más de medio millar de hectáreas para atraer a 20.000 ricos europeos. «Esta conversión se está haciendo en sectores con los que el Ayuntamiento tiene un trato de favor. No se permite que el suelo urbano sea tratado como rústico, pero a estas parcelas sí, y a la hora de vender, se venderá como urbano», asegura Luque. En la zona de Levante se están construyendo grandes extensiones, dándose «una concentración de la propiedad por grandes empresas», cuenta Sánchez Picón. Justo esta zona es la que padece un mayor problema de capacidad acuífera. Si la revista almeriense “Foco Sur” ya advertía en el 97 del problema que suponía el establecimiento de colonos al estilo far west, veinte años después la situación sigue siendo crítica.

Paco Sánchez Ramón, experto en urbanismo y abogado que invirtió dos años en investigar el caso Poniente, ha llevado con su Asociación por la Transparencia (AMAyT) el caso de la depuradora de Cabo de Gata: «Un pelotazo del PSOE para hacer una desaladora privada. 80 millones financiados por La Caixa y 25 de la Comunidad Europea. Está cerrada. Pretendían regar los campos de golf que iban a construir y que los agricultores pagaran la deuda». A la subida del precio de la tierra y las altas cuotas del agua se suman los precios de los abonos, de los insectos contra las plagas y de las semillas con royalties internacionales. El agricultor, convencido de que es empresario, compite por abajo, rebajando las condiciones de sus jornaleros. Para dar cuerda al ahorcado, se están refinanciando invernaderos, pero algunos ya no pueden hacer frente a los pagos. «Los bancos se los están quedando. Cajamar ha estado colocando fincas baratas entre sus clientes, pero ya no pueden comprar más. La producción de la tierra es limitada. Y los fondos buitre están comprando superficies, aunque no me constan todavía muchos casos. Son muy opacos, pero son multinacionales», dice Sánchez Ramón.

Treinta grados en la calle y al salir de un invernadero en Campohermoso parece que sopla la brisa. Bajo el plástico el calor es húmedo y sofocante. Es octubre y la temporada va con retraso así que solo hay seis hombres y una mujer trabajando en las hileras de pepinos: Mohammed y Najad, marido y mujer, Peter, de Ghana, otros dos africanos y un almeriense joven. «Cuando hace falta trabajo, se trabaja en lo que sea», dice. A pesar de que, según el INE, el número de inmigrantes se ha reducido a casi una tercera parte desde el 2008, el desempleo, la crisis, las malas condiciones de los jornaleros y la marginalidad provocan una tensión latente que a veces estalla. En 2016, seis inmigrantes han sido asesinados en la zona de El Ejido.

En las urbanizaciones privadas se parapetan ingleses y alemanes. Zonas ideadas originalmente para el turismo acogen todo el año a autóctonos que escapan de los inmigrantes. Estos se reparten entre pisos de alquiler, cortijos ocupados y chabolas. La sensación de Almería es de pérdida del territorio. Una desterritorialización que se enraíza en los grandes capitales. Los trabajadores tratan de mantener el equilibrio para no ahorcarse por un puñado de euros.