A vueltas con los ministerios
Consumo vuelve a formar parte de un ministerio, como una materia puesta en valor y no como la “maría” prescindible y sin créditos, como si fuera una asignatura utilizada a modo de comodín de relleno. Habrá que ver lo que da de sí el gesto del nuevo Gobierno español, porque trabajo hay de sobra.
A la vista están los desaguisados aún sin resolver de los últimos años que, como consumidores, hemos tenido que capear, recurriendo incluso a las altas instancias de justicia europeas. Prácticas abusivas que no deberían haber sido causadas por las entidades financieras, los oligopolios asfixiantes de las empresas de la energía, el dieselgate o el incremento del precio de la vivienda en venta o en alquiler. Demasiados palos que tocar para las escasas organizaciones de defensa del consumidor que se mantienen y ante unas administraciones públicas que han preferido mantenerse al margen.
Las organizaciones de consumidores llevan varios años a modo de convidados de piedra, sin apenas participación institucional porque la voz cantante la llevan los lobbies empresariales. Ahora han visto que se ha abierto una oportunidad y han pedido el cumplimiento en plazo de la transposición de las directivas europeas, así como las reformas en varios sectores. Priorizan las medidas en los servicios financieros, el suministro eléctrico y de gas, la eficiencia energética y los consumidores vulnerables. Después, sin prisa pero sin pausa, están los nuevos ámbitos, como el entorno digital y la protección de datos, o el fomento de una producción y consumo sostenibles, que pasan por evitar la obsolescencia programada de los productos, entre muchos otros extremos.
Cae por su peso entonces la lista de cuestiones urgentes a abordar, en unos casos con acciones paliativas –leánse devoluciones de cantidades económicas logradas mediante fraudes– frente a posiciones abusivas como, por ejemplo, las cláusulas suelo, los casos Forum/Afinsa, o los gastos hipotecarios. En otros casos, con medidas preventivas para evitar la vulneración de los derechos de consumo, tanto económicos como sociales.
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