Amí lo que me da miedo es que las cosas sigan igual, lo peor que me puede pasar es que esto siga igual». Acaba de salir de una detención de 36 horas por documentar en redes sociales una intervención policial en el barrio bogotano de Suba y, Amok, seudónimo que utiliza este primera línea de los Escudos Azules, está de nuevo en la calle para apoyar una protesta ciudadana para exigir que se investiguen las desapariciones forzosas en el país. La acción se produce frente a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las entidades surgidas tras la firma de los Acuerdos de Paz hace cinco años.

Amok viste de negro. Gorra calada. Sudadera con capucha y una braga al cuello que solo deja al aire sus gafas. Lo que no oculta es su voz. Al contrario, la replica en redes sociales. Quiere que se le oiga. A él y a la juventud colombiana que lleva meses saliendo a las calles para denunciar la situación que atraviesa el país: falta de oportunidades, empobrecimiento, corrupción y violencia policial.

El miedo no es una conversación casual. La represión y la violencia que han sufrido quienes se manifiestan en Colombia han quedado registradas por decenas de agrupaciones sociales defensoras de los derechos humanos, también por activistas. «Un sujeto me empezó a golpear como para provocar y entonces le bajé la mano y me metieron 36 horas a una URI [Unidad de Reacción Inmediata]. Allí me tiraron al piso y, por el ejercicio de Escudos Azules, me amenazaron todo el tiempo: ‘Ya no lo vuelven a ver mijo’. Al principio sí me golpearon, en la captura se abalanzaron seis miembros mientras me metían bolillo. A mi compañera le metieron un puño directo en la boca para evitar que me soltaran; y a otra compañera de prensa también le rompieron el tabique. A todos nos hicieron mierda», relata Amok.

La campaña Defender la Libertad es un Asunto de Todas lleva desde 2014 exigiendo garantías jurídicas y políticas para las organizaciones y la sociedad civil que ejercen el derecho a la protesta social. Ataviados con chalecos identificativos, sus integrantes verifican lo que sucede durante las manifestaciones. Su labor, sobre todo desde inicio del paro nacional el 28 de abril, se ha visto desbordada. Tenían que tener mil ojos en todas partes. «Por nuestro trabajo en el terreno sabemos que hay una persecución al ejercicio de la protesta. Hay detenciones masivas y la mayoría son arbitrarias. La mayoría son capturados en flagrancia. Dicen: ‘Es que él me está echando piedras’. Bueno agente, demuéstrelo; y eso no pasa. Los dejan literalmente 36 horas en una URI y los sueltan», explica desde un céntrico edificio de la capital Jenny Alejandra Romero, la coordinadora de la campaña en Bogotá, que cada dos por tres tiene que levantarse de la mesa para atender llamadas de teléfono en las que ofrece asistencia jurídica a personas presas.

Regresa a la sala: «No se sabe por qué los detienen, hay capturas masivas indistintamente de si es un manifestante o si es una persona que estaba presuntamente cometiendo un delito o si es un observador. Las intervenciones son generalizadas, no buscan intentar controlar el foco de violencia, sino desarticular el ejercicio de la movilización social. Y no se respeta el debido proceso».

Amok fue detenido con unas 40 personas, relata en primera persona, pero nadie supo dónde se lo llevaron. Durante horas se le dio por desaparecido, y las redes sociales se movilizaron para denunciar la falta de información, para tratar de buscarlo. Porque, cuando en Colombia alguien que participa en las protestas es detenida sin saber el paradero, saltan todas las alarmas. Los antecedentes pueden hacer temblar.

Duban Barros era uno de esos jóvenes que por las tardes se sumaba a las protestas con sus amistades. Desapareció el 5 de junio en Bogotá. Su familia lo estuvo buscando un mes, hasta que Medicina Legal identificó su cuerpo el 12 de julio. Tenía 17 años. El que reconstruye los hechos es su tío, Edinson Salazar, quien participó en un acto de memoria por las personas desaparecidas. «Nosotros hemos pedido que esclarezcan por qué tardaron tanto en darnos el cuerpo, sabiendo que la mamá de él, mi hermana, les había dado fotos para que identificaran el cuerpo. Siempre nos negaron que el cuerpo que encontraron un día después en un cañón era él. En el caso de mi sobrino, la Fiscalía ha tratado de decir que no fue en el marco de la protesta donde fue asesinado. Y fue torturado, golpeado y arrojado. Lo detuvieron y lo subieron en un camión con dos muchachos más y no llegó a casa ese día; al día siguiente lo sacaron y ya. Y Medicina Legal lo ocultó», lamenta Salazar con una tristeza tan colosal que no cabe en este párrafo.

La familia no se ha quedado callada, algo nada habitual. «El problema es que la gente no denuncia si hay desaparecidos, muchas veces por miedo a que lo amenacen o maten a otro familiar», cuenta el tío de Duban Barros. Su hermana, una niña que apenas levanta un metro treinta del suelo, ha participado en diversas protestas acompañada de un retrato enorme, casi tan alto como ella. «Perder a un amigo no se lo deseo a nadie, más cuando el asesino es el Estado. Queremos dignidad. Él peleó por sus derechos y lo asesinaron, como asesinan a todo el que piensa diferente en este país», grita, megáfono en mano frente a los Juzgados Penales Municipales, uno de sus compañeros. «Queremos que haya justicia para que eso no vuelva a suceder, la pregunta que tenemos es por qué lo ocultaron, con qué intención, por qué estaban tratando de ocultar que fue la policía…», continúa su tío.

89 personas han sido asesinadas en Colombia, entre ellas cuatro menores de edad, en el marco del paro nacional entre el 28 de abril y el 16 de diciembre, según datos publicados por la campaña Defender la Libertad. 3.546 personas fueron detenidas, «en su mayoría detenciones arbitrarias», según Paulina Farfán, investigadora de la campaña Defender la Libertad; y 1.929 heridas, de ellas al menos 116 con armas de fuego y 97 sufrieron lesiones oculares. Todo apunta a que los registros se quedan cortos. «De muchas personas no supimos nada más, hay mucha gente que no denuncia», explica Martha Castillo, de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia, dhColombia.

Este grupo de abogadas extiende otro ejemplo sobre la mesa, una casualidad que contaron en una reunión con Naciones Unidas. «Por puro error de nosotros, que nos equivocamos de sitio para ir a preguntar por personas detenidas, llegamos a una URI de Usaquén y lo vimos: lo habían golpeado, le habían hecho de todo, lo llevaban amarrado con los cordones de los zapatos, le jodieron una pierna. Nos habían dicho que allí no había nadie del paro, pero había un chico en una silla con un macancán [hombre corpulento]… Era una historia de desaparición forzada en camino, en proceso. Y salimos de ese sitio, después de reportar lo que encontramos, y llegó un carro con otros macancanes, con las placas que no deben tener, para trasladar muchachos. Como los seguimos, se daña lo que estaban haciendo. Las organizaciones nos quedamos cortísimas para poder relacionar y sistematizar todo lo que pasa», denuncia Castillo.

Una delegación internacional de cerca de cuarenta personas visitó entre el 3 y el 12 de julio Colombia para verificar el contexto, como parte de la Misión de Observación Internacional de la Protesta Social y Contra la Impunidad. «La respuesta del Gobierno al paro nacional evidencia las características de un estado autoritario y violador de derechos humanos», reza en el informe final de la expedición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también visitó el país en junio y constató «con preocupación la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social», según recoge en las observaciones y recomendaciones publicadas.

La emergencia de las primeras líneas. Las primeras líneas son colectivos denominados de autodefensa. Están formados por personas jóvenes ataviadas con capuchas, máscaras de gas y escudos metálicos remendados a base de barriles y bidones. Entran en acción cuando la Policía interviene en las manifestaciones. Se ponen al frente. Siguiendo el ejemplo de Chile, donde nació este tipo de colectivos, las primeras líneas colombianas surgieron allá por 2019. Su peso y visibilidad aumentó a raíz del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021, del que aún quedan rescoldos que, según avanzan las fechas hasta los comicios presidenciales previstos para la primavera de 2022, amenazan con avivarse.

La variedad de grupos que germinó por el país permitió una cierta organización por bloques: de madres, sanitarias, por barrios, de apoyo psicológico, de personas LGTBI, de comunicación. «Casi siempre llego a este tipo de convocatorias, donde hay arte, música y personas reivindicando un derecho, y en media hora se vuelve un mierdero, empiezan a gasear y la primera línea a responder, que es lo único que pueden hacer: defender al pueblo y defender una manifestación pacífica. Pero al ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] y a la Policía no le importa eso, llega y destruye todo a su paso y terminan con capturas, muertos, desapariciones», continúa Amok. «Hay un patrón de criminalidad en el uso de la fuerza por parte del Estado», apunta por su parte Jenny Alejandra Romero, de Defender la Libertad es un Asunto de Todas, entidad ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2021 en Colombia.

La primera línea Escudos Azules, en la que milita Amok, está formada por jóvenes que estudian en la universidad. Surgió a finales de 2019 y su tarea principal es narrar las protestas a través de redes sociales: «Hacemos ejercicios de documentación y de prensa libre en las movilizaciones y en otros espacios del movimiento social. Siempre estamos al frente de la confrontación, cuando los compas están resistiendo, mostramos las arbitrariedades que hace el ESMAD y la violencia que ejerce y eso es lo que más ha molestado acá», cuenta Amok.

La persecución y la judicialización que están sufriendo las primeras líneas, a las que se acusa incluso de terrorismo y de concierto para delinquir, ha llevado que Escudos Azules solicite a la CIDH medidas cautelares de protección y que se investigue el hostigamiento que están sufriendo sus integrantes, tal y como ha publicado recientemente El Espectador. «Aseguran que hay un ambiente de represión que los pone en riesgo. Además de agresiones físicas, denuncian acciones de inteligencia, montajes en redes, estigmatización y criminalización de sus miembros», recoge el periódico colombiano. El 16 de noviembre, Escudos Azules lanzó una alerta temprana en sus redes sociales en la que denunciaban «un preocupante aumento en los seguimientos» y el «gravísimo panorama de montajes judiciales en contra del movimiento social». La situación no es reciente.

«Nosotros salimos por primera vez el 24 de noviembre de 2019 y el 4 de diciembre el general que había en esa época nos dijo que éramos un grupo terrorista y radical, armados con bombas incendiarias y químicos para quemar a la policía y generar un estado de conmoción. ¡Con una sola salida! Ahora imagínense lo que dicen de nosotros: que estamos siendo financiados por el ELN [el Ejército de Liberación Nacional], que somos degolladores de cabezas, mata bebés, que hemos parado ambulancias, que hemos dañado la soberanía alimenticia de todo el país. Porque criminalizan tanto, sabemos que tienen un miedo increíble. Dicen que somos narcos, ahora van a decir que somos sexistas, que somos violadores, de todo. Nos intentan tumbar de todas las formas posibles. La criminalización es lo que se ha vivido en este país durante 50 años», continúa Amok desde el número 63-44 de la Carrera 7 de Bogotá, donde está la sede de la JEP.

¿Un país en paz? En otro escenario mucho más pausado, la sala de reuniones del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, situada en la última parada de un gran bloque de pisos desde el que Bogotá parece una hermosa postal, Luis Carlos Montenegro, de la campaña Defender la Libertad, comparte diagnóstico con el primera línea: «El discurso de la teoría del enemigo interno nunca cambió en los últimos 50 años. Siempre encontraron a quién atribuir ser el enemigo interno y colocar a los medios de comunicación a favor de crear un discurso estigmatizante».

Se acaban de cumplir cinco años desde la aprobación de los Acuerdos de Paz en Colombia y la violencia no cesa. Más allá de la represión en las protestas, también de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y del medioambiente y de firmantes de los Acuerdos, más de 300 personas han fallecido en 88 masacres entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2021, según datos de Indepaz. «La paz es ausencia de violencia, es el triunfo de la convivencia y del Estado de Derecho. En Colombia, todos queremos la paz, sus únicos enemigos son los que, desde la violencia, quieren arrebatarle la esperanza al pueblo colombiano. No lo vamos a permitir», afirmó el presidente colombiano, Iván Duque, el pasado 24 de noviembre, en el acto oficial de conmemoración del quinto aniversario de los Acuerdos.

En un país que trata de reconstruirse, la juventud que ha salido a las calles es la esperanza para una parte de la población. Yanette Bautista, una veterana defensora de derechos humanos y familiar de una persona desaparecida, ha decidido aliarse con quienes tienen la edad de su nieto: «En ellos está nuestra esperanza, creemos que son la única fuerza que puede darle un vuelco a este país». La próxima primavera hay elecciones presidenciales y el tablero electoral aún se está configurando. Escudos Azules estará al margen de ese proceso, aunque sí hay otras primeras líneas de Bogotá que buscarán hueco en las listas electorales.

Con su rostro bien tapado, pero con la voz bien alta, Amok cierra: «Nuestra lucha es por levantar las banderas del pueblo en todos los espacios del territorio, llámese asamblea comunitaria, olla comunitaria, pedagogía, en todo ese tipo de espacios. Llevar un mandato popular al que sea que se ponga allá arriba y, si no lo cumple, a las calles otra vez. Y le vamos a exigir y le vamos a retar y todo el tiempo vamos a tener los ojos sobre él. La única forma que nos han escuchado es aquí, en la calle, dándonos duro».