Tras varios intentos fallidos de grabar con impuestos los refrescos, tal y como se ha llevado a cabo en otros países como plan para luchar contra la obesidad, ahora ha sido Galiza la que, en un acto de valentía y responsabilidad, ha anunciado que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores.

Las bebidas energéticas son bebidas estimulantes y tienen como objetivo disminuir el cansancio y el agotamiento. Sin embargo, tal y como ocurre con los refrescos, estas bebidas tienen un valor nutricional prácticamente nulo, ya que están compuestas principalmente de cafeína, taurina, otros estimulantes como guaraná, ginseng, y azúcar en gran cantidad.

Así, desde la perspectiva puramente nutricional, lo que preocupa en el ámbito sanitario es que, por ejemplo, una de estas conocidas marcas de bebidas energéticas y una de las más consumidas por los menores, contiene en su medio litro aproximado, 169 mg de cafeína y la llamativa cantidad de 57 gr de azúcar, lo que es equivalente a 2 tazas y media de café y 14 terrones y medio de azúcar. Y esto choca de golpe con las recomendaciones europeas para evitar los efectos perjudiciales sobre la salud en relación al consumo de cafeína, y es que esta no supere los 3 mg por kg de peso. Hagan sus cálculos.

Es por ello que, teniendo en cuenta que su consumo en el Estado español, sobre todo, entre la población más joven, ha aumentado un 24% en un año, estas bebidas se han situado como un problema de salud pública para el que muchas consejerías de salud intentan instaurar una regulación. Y es que, además de la estimulación de los sistemas nervioso central y cardiovascular y su relación con el sobrepeso y la obesidad, la ingesta regular de estas bebidas se ha asociado a sobredosis de cafeína, hipertensión, pérdida de masa ósea y osteoporosis y otras enfermedades cardiovasculares. Asimismo, entre los efectos secundarios resultantes de su consumo regular destacan palpitaciones, insomnio, náuseas y vómitos. Hay que recalcar otras conductas de riesgo con parte de la población como es su combinación frecuente con bebidas alcohólicas.

Pese a estos datos, ante el anuncio gallego de regulación, una parte de la población considera que esta prohibición limita la libertad de los consumidores (menores). Me pregunto si pensarán lo mismo sobre prohibir la venta de alcohol a esta población, o el conducir; y es que no se trata de limitar la libertad, sino de proteger a los menores ya que, si no se toman este tipo de medidas, lo que estaremos limitando será su salud.