La Cumbre como señal. En ese palacio donostiarra fueron secuestrados y torturados -quizás aún un día como hoy hace 40 años porque el juicio no llegó a determinar cuánto duró su calvario- Joxean Lasa y Joxi Zabala. En 2022 el acuerdo entre Gobierno español y EH Bildu para la Ley de Memoria Democrática estableció que se convierta en Lugar de Memoria, pero en este 2023 el compromiso aún no se ha materializado.

Ese acuerdo es obviamente un reconocimiento implícito de que el Estado tiene una asignatura pendiente con su violencia, pero falta mucho para concretarlo y más aún para explicitarlo. Este 40º aniversario suponía una oportunidad excelente para dar el paso. Y es que en este caso sí hay una verdad judicial, aunque sea parcial, que condenó a jefes políticos (el gobernador civil) y militares (el jefe de Intxaurrondo). El entonces presidente español, Felipe González, ha estado además especialmente locuaz para intentar segar la hierba bajo los pies de Pedro Sánchez. Pero no para dar el paso, para avanzar hacia La Cumbre.

La posición estatal general sigue más bien representada por lo que han hecho unos 500 miembros de las FSE, en su mayoría guardias civiles: intentar beneficiarse de la ley desplegada por el Parlamento de Gasteiz para quienes sufrieron violencia estatal, es decir, para sus víctimas. La maniobra ha sido desmontada, pero queda también como señal, patética. Entre tanto, este año también han callado quienes podrían aclarar qué pasó con ‘Pertur’ o ‘Naparra’, o con Popo Larre (otro 40º aniversario). Ha seguido vigente la Ley de Secretos Oficiales franquista. Y se ha silenciado el informe sobre la tortura en Nafarroa que suma 1.000 casos más a los 5.000 certificados en los otros herrialdes.

En otra violencia, la carcelaria, también rige lo implícito. El Gobierno español ha finiquitado la dispersión pero la Fiscalía continúa torpedeando progresiones de grado. La cumbre será en este caso la vuelta a casa.