El Parlamento y el Consejo de la UE coinciden en la necesidad de reforzar las obligaciones de información al consumidor, sobre todo en materia de alimentación, por lo que han acordado la actualización de las normas aplicables a la composición, el etiquetado y la denominación de determinados productos alimentarios.

Las directivas que se actualizarán tienen por objeto promover una transición hacia dietas más saludables y ayudar a los consumidores a elegir con conocimiento de causa y garantizar la transparencia en lo que respecta al origen de los productos. En principio no está mal, pero hace falta que el intento vaya más allá de unos pocos productos elaborados (miel, zumos de frutas y mermeladas, etc) y también alcancen a los productos frescos, como las hortalizas, verduras, legumbres o frutas, que tantos disgustos y protestas justificadas le están generando al sector primario agroganadero y de pesca.

LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

Cierto es que la regulación normativa es necesaria, y más porque con las cosas de comer no se juega. Pero estamos en lo de siempre: si no se vigila el cumplimiento, las leyes son “papel mojado”. El caso está bien reciente con la famosa “Ley de la cadena alimentaria”, ya que, teniendo competencias compartidas Estado-Comunidades autónomas para inspeccionar y sancionar, hemos asistido a un tedioso partido de pases de pelota, en tanto que los beneficiarios han hecho negocio.

Dejo esta frase del preàmbulo de la Ley: “(…) el sector agroalimentario es estratégico por sus profundas implicaciones sociales. Así, participa destacadamente en la conformación de la cultura, el paisaje, la gastronomía o las tradiciones, es un yacimiento de empleo fundamental (...)”. Del dicho al hecho, hay un trecho.