Seis años después, las tres únicas personas que han sido procesadas por formar parte de Falange y Tradición han sido condenadas a entre un año y medio y dos años de cárcel por «amenazas no condicionadas». Javier López Monreal, el secretario que manejaba información sensible sobre los objetivos, tampoco va a ser inhabilitado, ya que la Audiencia Nacional entiende que no ha logrado acreditarse que hubiera accedido a esa información a través de su puesto como cargo público.

La pena más alta, de dos años de prisión, ha sido para el supuesto cabecilla, el carlista José Ignacio Irusta, a quien se ha aplicado al igual que al resto una atenuante de dilaciones indebidas. Esto se debe a que el juicio ha llegado seis años después de los hechos.

Por su parte, el militar Borja Pérez y el secretario López Monreal han recibido sendas condenas a año y medio de prisión por amenazas. A López Monreal se le exime, además, del delito de revelación de secretos. Precisamente, las acusaciones buscaban la inhabilitación del secretario al entender que es un peligro que un ultraderechista violento como él tenga acceso como funcionario público a datos como matrículas y direcciones de familiares de presos y activistas de la memoria histórica. La sentencia, sin embargo, le concede el privilegio de la duda. Es decir, aunque la Guardia Civil le incauta estos datos sobre una larga lista de objetivos que no eran de acceso público, acepta la tesis de que le pudieron ser facilitados por un tercero.

Por otro lado, las condenas se quedan en su tramo bajo (el fiscal llegó a pedir siete años de prisión para cada uno), porque la sentencia –cuyo ponente es Fernando Grande Marlaska– exime a todos ellos de «los delitos de daños y amenazas con fines terroristas y del delito de asociación ilícita».

Los condenados tendrán que hacer frente a indemnizaciones tanto a Ayuntamientos como a víctimas de sus amenazas. En concreto, a tres concejales y al alcalde de Arbizu así como al alguacil de Orkoien tendrán que abonar mil euros. Al Ayuntamiento de Arbizu, le compensarán con 1.500 euros y, al de Orkoien, con otros 820. También les condenan a pagar al Ayuntamiento de Antsoain 1.613 euros.

La campaña de verano de 2009

La mayoría de acciones reivindicadas por Falange y Tradición, (un grupo que, según la sentencia, no existe como tal) ocurrieron en verano de 2009. Atacaron monumentos relacionados con la Memoria Histórica y realizaron pintadas amenazantes en vehículos particulares. La investigación se inició en Iruñea, pero tras los abundantes indicios de que Irusta estaba buscando hacerse con armas, la juez María Paz Benito consideró que debieran de ser procesados como grupo terrorista, por lo que el caso saltó de jurisdicción y recayó en la Audiencia Nacional, que pasa por alto las tentativas de armarse.