María José Beaumont fue elegida para el cargo de Seguridad y Justicia en el nuevo Gobierno de Navarra, después de las elecciones recientes que supusieron la caída del régimen surgido de la Transición. Su nombramiento activó de inmediato los resortes de los ordenadores de la Seguridad, esta vez española. Beaumont estaba en una lista de potenciales enemigos del Estado, por ejercer la abogacía en favor de colectivos y personas contra aquel proyecto delirante que fue el embalse de Itoiz.

La campaña contra su designación comenzó por las altas esferas. El omnipresente Jorge Fernández, que otorgó recientemente a «Nuestra Señora María Santísima del Amor» la medalla al mérito policial, fue el primero en avisar de los cuernos y el rabo de la abogada. Lucifer. Su séquito hizo el resto.

Beaumont forma parte de un Gobierno elegido en las urnas. Si la abogada hubiera sido elegida para una empresa privada u otra dependiente de alguna institución, la campaña en su contra hubiera alcanzado su objetivo. Las llamadas listas negras están, precisamente, para ejercer. En favor del principal lobby peninsular, el de la unidad del Estado.

Ejemplos hay a patadas. Me viene a la cabeza el del portero Eñaut Zubikarai, cedido en 2011 por su hoy exequipo, la Real Sociedad, al Hércules de Alicante. El hecho de que en esa época su padre fuera uno de los presos políticos vascos dispersos por España, activó una campaña en su contra. El superordenador Clara, antes Berta, o alguna de las 161 bases de datos que acumula el Ministerio del Interior, elevaron la alarma. Finalmente el Hércules rescindió la cesión de Zubikarai.

Recuerdo también aquella terrorífica lista de febrero de 1981, cuando un golpe de Estado controlado dejó en evidencia la existencia de las llamadas «listas de sangre» que iban a repetir las de Pinochet en el putsch contra Allende. Detenciones en campos de fútbol y plazas de toros españolas, clasificación de los prisioneros, y fusilamiento de cientos de personas. La «lista de sangre» de los vascos que hubieran sido afectados fue publicada en 1982. Una repetición, asimismo, de las de 1936, cuando 5.500 vascos fueron ejecutados por pelotones de voluntarios y guardias civiles, después de que sus nombres fueran señalados en inscripciones realizadas en despachos militares y civiles.

La existencia de listas negras tanto en el Estado español, como en el francés, en las que los vascos tenemos un rango de excepción, es evidente. En algún momento de nuestras vidas nos ha afectado, y hemos sido testigos en primera persona. No me refiero a cuestiones que, a pesar de su anormalidad, como el cambio climático o la vigencia de la sangre azul monárquica, aceptamos sin más. Me refiero a otras menos visibles que afectan a puestos de trabajo, visibilidad mediática, carrera profesional, etc. Esa lista interminable de vulneraciones de derechos humanos que acopiamos en las últimas décadas. Que siguen vigentes. Y que afectan, en su mayoría, a decenas de miles de hombres y mujeres de nuestro país que, en un momento u otro, se destacaron por su implicación en el proyecto emancipador de la izquierda abertzale.

Hace bien poco, y supongo que el caso habrá afectado a más de uno, un preso vasco salía de una cárcel francesa. Fue puesto en ese aeropuerto de Madrid que recibe el nombre del presidente hispano que lideró la denostada Transición, la que concluyó fijando los límites de la democracia con el golpe de Estado citado.

Mientras estuvo en prisión, la compañera del preso tenía abierta una cuenta en Deutsche Bank que opera en España a través de las sucursales de Correos. Una situación habitual, para que la familia enviara mensualmente un giro postal a la prisión con el que poder hacer frente a los gastos del internamiento. Hasta ese punto unas circunstancias normalizadas.

Sin embargo, a las pocas semanas de recobrar la libertad el entonces ex preso y su compañera normalizaron la cuenta poniéndola a nombre de ambos sin problemas. La sorpresa llegaría a los meses cuando recibió una carta de la dirección del Deutsche Bank en la que se le indicaba que, más o menos, era considerada persona non-grata como cliente, y que se le citaba para cancelar cuanto antes la cuenta de la que era titular en la entidad. Antzarrak ferratzera, es decir que se fuera a freír espárragos, en dicho castizo. Una evidencia más de cómo funcionan las listas negras.

En mi caso, y lo hago para no tirar la piedra y esconder la mano, la tradición de escribir en este medio, GARA, y anteriormente en “Egin”, ha supuesto que tenga constancia personal de ser uno de los miles de vascos que completa las listas negras. Desde medios hispanos progres, entre ellos aquel ya desaparecido en papel que se llamaba “Público”, hasta los locales subvencionados con la aportación de las arcas públicas.

Especialmente notoria fue, siguiendo con mi experiencia, la etapa en que Patxi López ejerció de lehendakari en la CAV. En cierta ocasión fui avisado in extremis para dar mi opinión sobre un acontecimiento conmemorativo de la II Guerra mundial, al fallar el titular para comentar la noticia. Era el informativo de la radio pública vasca. El técnico fue explícito: «eres quien eres y antes de entrar en antena necesito el visto bueno de mi jefe». Por una vez lo tuvo. Al parecer, la guerra mundial estaba lejos de las coordenadas conflictivas donde el pensamiento debía ser único.

Hace también poco, y vuelvo a la universalidad vasca, los llamados Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no tuvieron reparo en admitir que barajaban una lista negra de 40.000 vascos que, a pesar de no haber sido procesados la mayoría jamás, no deberían tener derechos civiles. En los años anteriores, cualquiera de esos 40.000 era suficiente para «contaminar» listas electorales. ¡Qué pensar si esa lista fuera trasladada a la esfera privada! El Supremo español dijo que «no hay que confundir lo subjetivo con lo objetivo». Pero no para enmendar la circulación de la lista sino para rotundamente señalar que la misma era un «dato objetivo».

En Ipar Euskal Herria, la disidencia también ha colmado listados. Tenemos constancia de uno bien amplio, hecho público en 1988, cuando algunas prácticas poco ortodoxas de la PAF de Hendaia saltaron a los medios. De hecho, desde 1990 la PAF (Policía de Aire y Fronteras) fue descabalgada de la llamada «lucha antiterrorista».

En su defensa, la PAF convocó a una rueda de prensa y ofreció detalles reveladores. Los datos permitieron conocer la existencia de dos ficheros controlados aparentemente por la CNIL (Comisión Nacional Informática y de Libertades), un órgano administrativo que regulaba la situación de los ciudadanos franceses. Desde mayo de 1968, la prensa se había hecho eco de un programa llamado Safari en el que estarían «fichados» quienes supusieran amenaza para el Estado. Pero en esta ocasión, el informe permitió conocer que la PAF tenía su propio fichero de «terroristas vascos». En esa lista negra aparecían 7.656 ciudadanos vascos. Una cifra extraordinaria ya que, a modo de ejemplo, los votantes abertzales en las últimas legislativas francesas habían sido 6.756.

De esa lista, el informe de la PAF puntualizaba que 1.848 eran simpatizantes de ETA, 1.223 de Iparretarrak, 37 de ETApm y 27 de los CCAA. Lo más sorprendente de estos datos residía en que de los «simpatizantes» de ETA, 1.452 eran «miembros legales de ETA residentes en España». Un eufemismo, sin duda, para ocultar que, en realidad, se trataba de ciudadanos de Hego Euskal Herria que habitualmente cruzaban la muga.

Si en 1981 en Madrid y en 1988 en Hendaia, las listas negras se confeccionaban a mano, ¿qué dimensión habrán adquirido en 2015, cuando la vida social y política está informatizada hasta límites insospechados?