Todo estaba preparado en el Palau de la Generalitat para que, en riguroso directo emitido por la televisión pública catalana, el president en funciones, Artur Mas, firmase el decreto de convocatoria de la constitución del nuevo Parlament. Y para que, acto seguido, reivindicase su figura institucional con un discurso en la Galería Gótica del Palau, el escenario reservado para las grandes ocasiones. Pero la Guardia Civil echó al traste tal plan a primera hora de la mañana, registrando por segunda vez en dos meses la sede del partido de Mas, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y deteniendo a su tesorero, Andreu Viloca, a quien sitúan al frente de la presunta trama de financiación ilegal. Acusan al partido de cobrar comisiones ilegales a través de su fundación a cambio de adjudicar obras públicas.

Sea como fuere, la noticia condicionó completamente la comparecencia de Mas, que decidió cambiar la Galería Gótica por la más pedestre sala de prensa y que tuvo que responder sobre todo a preguntas acerca de la influencia de la operación anticorrupción en las negociaciones que Junts pel Sí y CUP mantienen para investir a un nuevo president y hacer avanzar el proceso independentista tras el mandato del 27S.

La convocatoria del pleno constitutivo del Parlament, que debía ser la noticia del día, pasó inmediatamente a ser pieza secundaria. Se celebrará, tal y como se preveía, el lunes 26 de octubre, último día del plazo de 20 días hábiles disponibles tras las elecciones del 27S. El arranque de la legislatura en dicho día significa que el primer pleno de investidura se celebrará, como muy tarde, el próximo 9 de noviembre, tras lo cual los partidos tienen dos meses para acordar un president. Si el 9 de enero no hubiera acuerdo, se convocarían elecciones de forma automática.

«No es el escenario deseable ni el escenario previsto. Hasta que no se demuestre lo contrario, seguiré pensando que es posible el acuerdo», apuntó ayer Mas sobre la opción de nuevas elecciones a comienzos de 2016. Eso sí, advirtió de que las negociaciones son de «alta complejidad» y que requieren «tiempo y paciencia por parte de todos», ya que Junts pel Sí y la CUP parten desde posiciones «muy diferenciadas». «Para hacer valer la mayoría absoluta a favor del Sí, todos somos necesarios», añadió Artur Mas, que admitió que su reelección como president es uno de los principales escollos para alcanzar un acuerdo. En este sentido, envió todo un recordatorio a la formación de la Esquerra Independentista: «Está bien recordar que Junts pel Sí tiene 62 diputados y 1,6 millones de votos, y la CUP 10 diputados y 330.000 votos».

En un esfuerzo voluntarista, Mas consideró que, en cualquier caso, la operación de ayer no influirá sobre las negociación con la CUP. «Esta sobreactuación y esta exageración de la Guardia Civil y de la Fiscalía no debe producir ninguna brecha en el proceso», aseguró Mas, que recordó que la confesión de Pujol, hace más de un año, también dio pie a muchos a decretar, en falso, «el fin del proceso». Mas, que reiteró la plena confianza «en las personas que llevan y han llevado la gestión de CDC y de su fundación», aprovechó para ligar la operación con el proceso, asegurando que «la sobreactuación no es ajena al momento político que estamos viviendo» y denunciando que «CDC como partido, y yo personalmente, somos objetos de caza mayor».

La idea fue repetida hasta la saciedad desde las filas convergentes, empezando por el coordinador general de la formación, Josep Rull, que aseguró que «este tipo de actuaciones buscan abatir una de las piezas clave del proceso», en referencia a Convergència. «Si alguien cree que con estas actuaciones frenarán nuestra determinación para cumplir el mandato de las urnas, se equivoca, no daremos ni un paso atrás», añadió Rull, ligando en cierto modo el futuro de Convergència al futuro del proceso soberanista.

La CUP no quiere la mochila

Desde la CUP, el diputado electo Albert Botran reconoció la «evidente intencionalidad política» de la operación de ayer, lo cual no quiere decir que no tenga «fundamento». «La guerra sucia no puede tapar la corrupción, de la misma manera que la corrupción no puede tapar la guerra sucia», añadió.

«La mochila que lleva CDC en estos casos de financiación ilegal no tiene que afectar al conjunto del independentismo», resaltó Botran, quien insistió en que los hechos de ayer «no alteran» la posición de la CUP. Eso sí, refuerzan la posición de veto a Mas como próximo president de la Generalitat, que es el principal elemento en el que se encallan las conversaciones entre la Esquerra Independentista y la CUP para seguir con el proceso. «Aunque Mas no tiene ninguna implicación en estos casos, siendo el presidente de un partido que lleva esta mochila, (investirlo) puede perjudicar el proceso independentista», concluyó Botran en los pasillos del Parlament, donde ayer los 10 diputados de la CUP se hicieron la primera foto de familia.

La tercera pata del trípode independentista, ERC, reiteró su «compromiso incuestionable contra la corrupción». A través de su portavoz, Sergi Sabrià, señaló que «cualquier presunto caso debe ser investigado» y denunció que «las formaciones políticas que están intentando sacar un rédito político son las mismas que tienen casos de corrupción», en referencia al PP.