El Parlamento de Gasteiz acordó ayer por 48 votos a favor y 25 en contra, exigir la excarcelación de Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga, los dos dirigentes políticos que siguen en prisión por el llamado “Caso Bateragune”. Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodriguez salieron de la cárcel el pasado 11 de octubre, tras haber cumplido hasta el último día de su condena, sin que los tribunales atendieran ninguna de las peticiones legales que permitían reducir en algunas semanas esas penas.

Fue EH Bildu quien llevó la solicitud de excarcelación al pleno, recordando por una parte la campaña internacional «Free Otegi, free them all», que está teniendo un eco internacional, y apoyándose en que incluso el juez que ordenó las detenciones de Otegi, Díez y el resto de imputados en el “Caso Bateragune” ha reconocido recientemente que el líder político vasco debería estar en libertad, añadiendo que «hay que reconducir su condena».

Persecución política

El parlamentario Julen Arzuaga, recordó la persecución judicial a la que ha sido sometido Arnaldo Otegi en los últimos diez años, con hasta nueve procesos. «No es que tenga un problema con la Justicia, es que la Justicia española tiene un problema, su irracional ceguera, una manía persecutoria con Arnaldo Otegi y lo que representa». «Es –afirmó– una persecución penal no por lo que dice, no por lo que hace, sino por quién es. El derecho de autor en estado puro». Y añadió que «pensaban que encarcelando a la persona, a las personas, enterraban el proyecto político que defendían».

Julen Arzuaga, que es abogado, dijo que ya sabía que el Parlamento no es una última instancia de apelación. Por eso, exigir la excarcelación de Otegi y Díez desde la Cámara es una decisión política, tomada en nombre de «la mayoría de la población que nos ha prestado esos votos».

La solicitud inicial de EH Bildu, que en la justificación de su propuesta nombraba a todos los encarcelados por este proceso, personificaba en Arnaldo Otegi todos los excesos judiciales padecidos y la petición de libertad para todos los condenados por el “Caso Bateragune”. Fue una enmienda de adicción del PNV la que incluyó expresamente el nombre de Rafa Díez, lo que fue de inmediato aceptado.

Joseba Egibar señaló que Otegi y Díez nunca deberían haber ido a la cárcel, y enmarcó su detención en la venganza del PSOE y en especial de Alfredo Pérez Rubalcaba tras el fracaso del proceso negociador de 2005-2007. El portavoz del PNV afirmó que está demostrado que los encarcelados fueron quienes dieron un empujón «a su mundo» para acabar con la actividad armada de ETA, por lo que ahí no hay ningún delito.

Egibar no se olvidó de mencionar que tanto estas detenciones como la ilegalización de Batasuna se engloban en una estrategia de Estado, adoptada después del fiasco electoral que el unionismo se llevó en la CAV en 2001. Y tanto en los movimientos iniciales del PP para «perfeccionar el proyecto» sacando a un partido de la ecuación, como en el posterior del PSOE, el juez siempre fue el mismo: Baltasar Garzón.

El portavoz jeltzale apuntó que ahora Garzón, «a quien le quiere escuchar le dice que el tema Bateragune fue una cabezonería de Alfredo. Evidentemente, es Alfredo Pérez Rubalcaba». Lo que le valió a Egibar para poner sobre la mesa que «esa es la independencia judicial que ha habido».

El charco donde se metió el PSE

Las intervenciones de UPyD y el PP discurrieron por los cauces previsibles. Gorka Maneiro, que vive sus último curso como parlamentario, se afanó en llamar delincuentes a Arnaldo Otegi y Rafa Díez. Lo hizo hasta trece veces en sus quince minutos de intervención. Y Nerea Llanos acusó a EH Bildu de querer ensalzar la figura de Otegi, como agitación de precampaña, y de tratar de «falsear el pasado».

José Antonio Pastor comenzó hablando del respeto a las resoluciones judiciales y también reconoció que «a sectores importantes de la sociedad» pueda chocarles la permanencia de Otegi en prisión cuatro años después de que ETA dejara la actividad armada.

Pero el portavoz del PSE se metió en un charco al señalar que «Otegi podría haber salido de prisión mucho antes, de haberse acogido a las posibilidades que ofrece actualmente la legislación penitenciaria».

Cabe recordar que los procesados por el “Caso Bateragune” pidieron su libertad cuando cumplieron las tres cuartas partes de la condena, lo que les fue denegado aduciendo «la gravedad del delito». Desde la defensa de los encarcelados se confirmó ayer a este diario que se han empleado todos los cauces legales que corresponde a cualquier preso para adelantar su salida de prisión.

El PSE también recogía en su enmienda la posibilidad de acogerse a medidas de reinserción «rompiendo con su pasado». Julen Arzuaga preguntó a José Antonio Pastor si Otegi y los demás del “Caso Bateragune” debían abjurar de los movimientos que les han llevado a prisión, que fueron los de reconducir la estrategia de la izquierda abertzale para acabar con la actividad armada de ETA y apostar por las vías pacíficas y democráticas.

 

Estrasburgo seguirá analizando la parte sustancial del recurso

El Tribunal de Estrasburgo anunció ayer que seguirá analizando la parte sustancial del recurso interpuesto por los encarcelados por el “Caso Bateragune”, que es el referido a la falta de imparcialidad de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, presidida por Ángela Murillo, y que pudo vulnerar el derecho de los procesados a un juicio justo. Por contra, la Corte Europea de Derechos Humanos no admitió la parte del recurso que denunciaba que el presidente del Tribunal Constitucional había sido militante del Partido Popular hasta 2011 y que otro de los magistrados había ejercido como fiscal en casos de ilegalización relacionados con la izquierda abertzale. El TEDH sostiene que, por sí mismos, esos hechos no desvirtúan la presunción de imparcialidad del TC, puesto que para ello deberían haberse presentado algún tipo de «prueba subjetiva».

En relación con la actuación de la Audiencia Nacional, el Tribunal de Estrasburgo señala que sobre la base del expediente del caso, no puede determinar la admisibilidad de la denuncia sobre la falta de imparcialidad de la Sección Cuarta y que es necesario, de conformidad con el Reglamento por el que se rige, dar aviso al estado demandado para que presente las alegaciones correspondientes.

El artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos al que se apela la denuncia, comienza afirmando que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial».

La abogada de la mayoría de los cinco recurrentes, Jone Goirizelaia, destacó que para aplazar la decisión sobre la parte referida a la Audiencia Nacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que apreciar que había indicios de parcialidad en su actuación, por lo que se ha dado, en su opinión, un paso adelante importante.

La abogada considera positiva la decisión del la Corte de Estrasburgo pero lamenta que dados los plazos en los que se mueve, Arnaldo Otegi habrá cumplido ya toda su condena para cuando se adopte una decisión definitiva, tal y como ha ocurrido ya con Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta, que salieron de prisión el 11 de octubre. Es posible que tampoco Rafa Díez –al que le queda año y medio de cárcel porque estuvo en libertad provisional– pueda verse afectado por una eventual decisión positiva del Tribunal.

Conocida la decisión de la Corte de Estrasburgo, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, que estaba ayer en Donostia, afirmó que «Otegi está donde tiene que estar y donde tiene que seguir estando. Respetamos las decisiones judiciales, aunque en ocasiones no las hemos compartido, pero donde mejor están Otegi y los suyos es en las cárceles».I.I.