Colombia, de plena actualidad, fue seguramente la referencia más escuchada en Gernika. Allí estuvo el asesor en la mesa de conversaciones de La Habana Alberto Ruiz Socha, que destacó como uno de los grandes avances del proceso con las FARC-EP la ruptura del «negacionismo que estaba imperando y se adoptó como matriz bajo el gobierno de Alvaro Uribe. Era negar el conflicto, y con ello la vulneración de derechos humanos, la posible aplicación del derecho humanitario, y que hubiera un contradictor en la mesa. Ese es un avance sustancial. Ahora hay un conflicto, hay unas víctimas, hay unos interlocutores políticos y, por tanto, la posibilidad de generar una mesa. Y esa comprensión la tuvo la actual Administración de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Uribe y representante de esa vieja oligarquía. Al llegar a la Presidencia se dio cuenta que eso era insostenible», destacó Ruiz Socha.

Tras repasar lo que han dado de sí estos más de tres años de conversaciones, resaltó como clave para culminarlos el establecimiento de garantías de seguridad y no repetición, así como la superación de la doctrina militar que durante décadas ha convertido «a activistas, sindicalistas… en enemigos».

«El Gobierno sostiene que no hay grupos paramilitares sino bandas criminales. Pero, llámense paramilitares o BACRIN, hay que desarticular a ese frente armado de la derecha y de una serie de élites empresariales y políticas. Deben entender que con esto no se juega. Blindar las garantías de seguridad es una condición de vida o muerte», insistió Ruiz Socha. El abogado ha tenido un destacado papel en el diseño del acuerdo de víctimas firmado el pasado 15 de diciembre en La Habana ante la presencia de una delegación de víctimas y que se basa en un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

A falta de algo más de un mes para la fecha establecida por el presidente Santos y el comandate jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, para la firma del Acuerdo Final –fijada en principio para el 23 de marzo–, Ruiz Socha emplazó a seguir acompañando el proceso en Colombia porque «aún nos quedan muchos retos». Resaltó el inicio de la fase pública de las conversaciones con el ELN, cuya comandancia ha apelado al conjunto de la población a realizar«una especie de diagnóstico participativo para que sea ella la que tome el relevo y se haga presente de manera fuerte en el escenario de diálogo que se pueda abrir con esta guerrilla». La sociedad civil, de nuevo, puesta en valor.

«Esto no contradice sino que complementa la visión que se ha venido trabajando en La Habana –matizó el abogado–. Obliga a los sectores sociales y al movimiento popular a identificar esas causas y problemas como suyos y a participar de manera más activa, no solo como se ha hecho con las FARC en actos de desescalamiento de la violencia».

Desde Conciliation Resources, Kristian Herbolzheimer consideró que el proceso en Colombia es «un faro de esperanza para el resto de humanidad», en un momento en que las apuestas por la resolución de conflictos parecen en crisis.

Al igual que Ruiz Socha, remarcó el papel de la sociedad en la verificación del alto el fuego unilateral de las FARC. «Sin un mandato formal de la mesa, la guerrilla invitó a los movimientos populares a verificar. Y estos se autoorganizaron como pudieron, sentando un precedente. Los dos puntos que faltan –fin del conflicto y refrendación– en su redacción ya incluyen que va a haber participación de la sociedad civil», señaló.

Sobre el esquema seguido en La Habana, incidió en que ambas partes «distinguieron entre lo que es un proceso de negociación y un proceso de paz. Hay un espacio para los actores armados y otro, más relevante y transformador, para la sociedad civil. Ha sido espectacular el debate nacional sobre el las víctimas, el punto más difícil de lograr».