La constitución de una mesa de negociaciones pública por el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN tras dos años de diálogo exploratorio supone una buena noticia. Lo es cualquier paso tendente a trasladar un conflicto armado a los cauces de la confrontación democrática, satisfactorio para todos excepto para quienes con la resolución ven en peligro sus privilegios. El paso resulta aún más esperanzador en un contexto en el que las negociaciones entre el Gobierno de colombiano y la guerrilla de las FARC-EP se encuentran en fase muy avanzada.

La notable implicación internacional revela la importancia de las conversaciones que tendrán lugar en Ecuador, Venezuela, Brasil, Cuba y Chile, países garantes del proceso junto a Noruega. Una implicación a la que se suma el apoyo de la comunidad internacional, que celebra las negociaciones ahora públicas, tal y como manifestó el secretario general de la ONU, además del Gobierno de EEUU y la Unión Europea, que calificó el diálogo de «oportunidad única». También el Estado español mostraba su satisfacción por lo que considera «una nueva etapa esperanzadora», reiterando un apoyo que ya en noviembre pasado ofreció ante el diálogo entre Bogotá y las FARC.

Si bien es plausible el apoyo de la UE a las negociaciones de paz en Colombia, así como su petición de compromiso con ese proceso, resulta difícil no reparar en su actitud frente a un conflicto mucho más cercano pero que aparenta ignorar, a pesar de la resolución en apoyo al proceso de paz de Euskal Herria que el Parlamento Europeo aprobó en octubre de 2006. Una actitud consecuencia de hacer suya la irresponsabilidad del Estado español incluso varios años después del cese definitivo de la actividad armada de ETA. Irresponsabilidad que demuestra que, en efecto, ante la posibilidad de resolución de un conflicto armado se alegran todos menos quienes tienen inconfesables pero generalmente conocidos intereses en la prolongación de dicho conflicto y el sufrimiento que conlleva.