Kafkiano. Fue el adjetivo empleado por Txelui Moreno, portavoz de Sortu en Nafarroa, tras salir de las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía española, en la calle General Chinchilla de Iruñea, a donde fue conducido en el marco de una operación en la que hubo ocho detenidos. La acusación que se presentó contra ellos fue la de «calumnias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», según informó la Delegación del Gobierno español pasado el mediodía. Los arrestados habían participado en la elaboración de un mural en Burlata que denuncia la tortura.

«Excusatio non petita, accusatio manifesta», añadió Txelui Moreno al subrayar que en el mural únicamente aparece la palabra «Tortura» tachada y la expresión #aztnugaL, empleada por Patxi Arratibel para denunciar lo que estaba sufriendo durante el periodo de incomunicación, cuando fue detenido por la Guardia Civil en enero de 2011. El Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español cuatro años después por no investigar la denuncia de Arratibel. En esa misma operación fue detenido Iker Moreno, hijo de Txelui, que también denunció torturas, al igual que otros dos arrestados.

Participar en la elaboración de un mural llevó ayer a comisaría tras ser detenidos por encapuchados a su padre, a su madre, a su hermano Ibai, a la compañera de esta y a cuatro vecinos más. El alcalde de Burlata, Txema Noval, fue citado a declarar por haber cedido el espacio para el mural. Todo ello a iniciativa de la Policía española, sin la intervención de ningún juez. Las declaraciones que realizaron ayer en sede policial serán remitidas a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, María Paz Benito.

Los ocho (Txelui Moreno, Ibai Moreno, Julia Ibáñez, Mikel Otano, Esteban Gota, Itxaso Torregrosa, Saioa Ibiriku y Angel Mari Erro) quedaron en libertad tras declarar en comisaría, que lucía la bandera española que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entregó con gran parafernalia hace una semana. Ayer, el ministro dijo que «no hay espacios de inmunidad ni de impunidad para quienes calumnien a las fuerzas de seguridad».

A las puertas de Chinchilla, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Adolfo Araiz, subrayó la desproporcionalidad de la operación, recordando que el delito que imputa la Policía no está penado con cárcel sino con una multa. Consideró, así, que hubiera sido más lógico citar a los detenidos para declarar. «Detener a quien denuncia torturas es en buena medida avalar la práctica de la tortura», señaló.

Pernando Barrena, portavoz de Sortu, rechazó «el mensaje del miedo» y subrayó que negar la práctica de la tortura es «querer imponer una versión de la realidad radicalmente falsa e interesada».

«Esta operación vuelve a poner en evidencia que aquí hay una parte, la del Estado, que sigue utilizando métodos violentos y que vulnera derechos para imponer una versión de la realidad radicalmente falsa e interesada», manifestó.

Preocupación de Barkos

La lehendakari del Gobierno navarro, Uxue Barkos, declaró que «genera preocupación cuando no aparece muy nítida la línea divisoria entre una denuncia legítima, con respecto a la tortura, y un delito de injurias».

Geroa Bai calificó la operación de desproporcionada y recordó que instancias internacionales han instado al Estado a aplicar medidas contra la tortura.

En denuncia de la operación, 44 personas se concentraron en Larrabetzu.