La Secretaría General de Paz y Convivencia presentó ayer las conclusiones provisionales de la investigación sobre la tortura en la CAV durante el periodo 1960-2013; un informe encargado por Lakua al Instituto Vasco de Criminología que verá la luz de forma definitiva a finales de año, pero que ya ha certificado hasta el día de hoy la existencia de 4.009 personas nacidas o residentes en la CAV víctimas de torturas por parte de diversos cuerpos policiales. El 17% de esas personas han denunciado torturas en más de una ocasión, por lo que en el adelanto presentado ayer en Donostia se estima que «el número de casos puede ascender a 4.810».

Según explicó el profesor de Medicina Forense de la UPV Paco Etxeberria –director de la investigación junto a Carlos Martín Beristain y Laura Pego–, hay víctimas de tortura que todavía no han tomado la decisión de participar en la investigación, por lo que aseguró que la cifra de casos de tortura se situará probablemente por encima de los 5.000, coincidiendo con investigaciones previas como las de Euskal Memoria.

Tras una primera fase de recopilación de información, y después de analizar 22.782 documentos de todo tipo, los investigadores han incluido hasta ahora en una base de datos 3.577 casos, de los cuales 2.000 han sido estudiados ya en profundidad, incluyendo la recogida del testimonio en audio o vídeo en 915 casos. En el marco del curso de verano que entre ayer y mañana se celebra en la UPV bajo el título «Verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes», Etxeberria desgranó junto al secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, las conclusiones provisionales derivadas de los casos estudiados hasta ahora, entre los que destaca la denuncia de la incomunicación como terreno abonado para la tortura.

Así, de la investigación se extrae que los años 80 fueron los más duros en cuanto al uso de la tortura (1.184 casos), seguidos casi a la par por los 70 y los 90 (780 y 777 casos, respectivamente). Aunque inferior, la cifra en la primera década del nuevo siglo no es pequeña: 495 personas torturadas.

En cuanto al cuerpo policial responsable, Guardia Civil y Policía española se sitúan a la cabeza con 1.589 y 1.561 casos, respectivamente. A una distancia considerable, pero presente, la Ertzaintza es responsable de 310 casos de tortura, hecho que, al menos ayer, no motivó ninguna referencia concreta por parte de las autoridades de Lakua (aunque el informe recomienda seguir las recomendaciones del Ararteko para mejorar el protocolo). El informe también recoge los principales métodos de tortura, en el que «la bolsa» se lleva la palma, con los métodos de extenuación física después. También destacan los electrodos y «la bañera», sobre todo en manos de la Guardia Civil.

El informe también repasa, de forma obligadamente breve, el recorrido de las denuncias de tortura en los tribunales. Un repaso en el que sobresale que el sistema judicial español solo ha emitido 21 condenas por tortura, entre 1985 y 2003. En contraposición, el informe recuerda las ocho condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español, así como los dos dictámenes del Comité contra la Tortura de la ONU.

El protocolo de Estambul

Como prueba pericial, la investigación también ha contado con la participación de 40 profesionales del ámbito de la salud, encargados de aplicar a 202 personas denunciantes de tortura el Protocolo de Estambul, que establece, de acuerdo con la ONU, los estándares para la adecuada investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos. Un 11% de las denuncias obtuvo la calificación de «máxima consistencia», un 45% resultó «muy consistente» y un 40% fue calificado de «consistente». Apenas un 2,5% del total fue clasificado como «inconsistente».

En las conclusiones del equipo encargado de aplicar el Protocolo de Estambul se remarca que «la tortura es un serio problema en España» y se subrayan los efectos de la tortura a largo plazo: «Un 16% de las personas peritadas tienen en el momento actual síntomas moderados (13%) o graves (3%) de tristeza o depresión». Por ello, recomiendan incluir entre las futuras medidas de reparación «la atención psicosocial, así como el conjunto de medidas de rehabilitación y apoyo individual, familiar o comunitario».

El informe final, en diciembre

La investigación elaborada por el equipo de Paco Etxeberria con el sello de Lakua es fruto de las recomendaciones derivadas del ‘‘Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)’’, elaborado por Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica y Juan María Uriarte en 2013. En él se constataba la «ausencia de datos suficientes y contrastados», así como una práctica de la tortura «habitual hasta los años 80» y «más que esporádica» después.

La investigación consta de un total de cinco estudios, de los que faltan un «estudio cualitativo, narrativo y específico de 40 casos emblemáticos» y el informe final con conclusiones y recomendaciones. Según el calendario previsto, llegará a finales de este año.

 

«Es terrible lo que queda en el recuerdo de los que lo viven»

En el terreno de las valoraciones, el primero en hablar ayer fue el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, encargado de abrir a primera hora de la mañana el congreso en el marco del que se presentó después el avance del informe sobre la tortura. «Ni la violencia del terrorismo puede justificar» la gravedad de la tortura, ni los malos tratos «pueden instrumentalizarse para legitimar, compensar o diluir el recurso a la violencia», aseguró Erkoreka, que no mencionó nada sobre los 310 casos de tortura que la investigación achaca a la Ertzaintza. De hecho, en el congreso sobre la tortura de estos días participa hoy Jorge Aldekoa, que estaba al mando de la comisaría de Bilbo el día que una carga de la Ertzaintza mató a Iñigo Cabacas. Su conferencia versa sobre «mecanismos de prevención».

Posteriormente, en la presentación del avance de la investigación, fue el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, el que hizo las labores de presentación, enmarcando la investigación del Instituto Vasco de Criminología «en la estrategia de la convivencia». «La clarificación objetiva de lo ocurrido es imprescindible para una reflexión crítica del pasado», añadió antes de ceder la palabra a Etxeberria, que dio el toque más humano a la presentación de las cifras.

«Es terrible lo que queda en el relato y el recuerdo de las personas que lo han vivido», explicó el forense, para quien toca admitir que «hemos sido insuficientemente beligerantes contra esta cuestión». «El baldosín que estaba suelto en la ducha, la caída por las escaleras... es ridículo y vergonzoso», consideró, antes de explicar que entre las víctimas de la tortura «todavía hay gente con dudas y con miedo de participar en la investigación». «Ha habido personas que han venido a dar el testimonio, se han derrumbado y se han ido», aseguró Etxeberria, que dio fe de la veracidad de las denuncias: «Soy médico, no veterinario, y por lo general, sé que la gente dice lo que ha vivido». «Y la sociedad vasca lo sabe», concluyó.B.Z.