En las últimas semanas estamos asistiendo a una serie de decisiones administrativas que hacen dudar de la voluntad de nuestros gobernantes de impulsar la actividad económica de nuestro país. Me refiero, en concreto, al anuncio de implantación de peajes en la N-I y a la concesión de permisos para implantar y ampliar centros comerciales.

En cuanto a los peajes, los defensores de esta medida alegan que es necesaria para paliar el déficit de Bidegi, algo que no se puede negar, aunque es más que discutible que deban ser los transportistas locales, los que utilizan todos los días la N-I (los extranjeros lo hacen una vez por semana), los que deban pagar el agujero fruto de la irresponsabilidad de anteriores gobernantes. Además, no se sabe por qué lo que hace dos años era malo ahora es bueno.

Y en lo que respecta a los centros comerciales, es cierto, como dicen, que pueden contribuir a crear puestos de trabajo, o a retener una clientela dispuesta a desplazarse a otro territorio. Pero lo que no es de recibo es que las administraciones se salten las leyes, las normativas municipales y medioambientales para beneficiar a sus promotores.

Porque, además, estas decisiones suponen una sentencia de muerte para el trabajador autónomo local, el que lucha con su tienda o con su camión por sacar adelante su pequeño negocio y generar riqueza para el país, mientras los únicos beneficiados son las grandes compañías extranjeras, tanto de transporte como de moda, cuyas condiciones laborales todos conocemos y cuyos impuestos, no lo olvidemos, no los recaudamos aquí.