No se recomienda a nadie mínimamente impresionable repasar los testimonios del calvario de María Mercedes Ancheta a manos de Melitón Manzanas allá por 1961. La mujer moriría 46 días después en un hospital de Caracas, a consecuencia de las secuelas sufridas. El crimen se produjo al amparo de dos factores superpuestos: la brutalidad inherente al franquismo, entonces aún en sus años más opacos, y un machismo absoluto y explícito, en una época en que la desigualdad de género ni siquiera existía como concepto en el Estado español.

Justo medio siglo después, en marzo de 2011, el franquismo ya estaba en los libros de historia y la sensibilización social contra la violencia de género había avanzado mucho, pero sin embargo una mujer vasca llamada Beatriz Etxebarria volvió a denunciar haber sido violada en calabozos de la Guardia Civil; lo hizo esta vez con inmediatez y detalles sobrados. Y lo terrible es que el caso no levantó mucha más polvareda que el de aquella venezolana de ascendencia vasca detenida por error en unas vacaciones en Donostia 50 años atrás.

El testimonio de Etxebarria trascendió unos días antes de la celebración en Euskal Herria del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fecha que concentra la reivindicación por la igualdad y contra la violencia contra las mujeres. Ni siquiera ello hizo que la práctica totalidad de instituciones y colectivos incluyeran el escándalo en sus agendas. Ocurrió, hay que volverlo a recordar, en 2011, casi ayer mismo, en un tiempo en que ese silencio ya ni siquiera podía utilizar los atentados de ETA como excusa.

Es obvio que ha existido un engranaje completo que generó directamente la tortura (leyes, policías, jueces, forenses...), pero el análisis de por qué ha ocurrido con tanta facilidad y tan escasa respuesta debe ir más allá. En estas cinco décadas, pasó de ser una realidad invisible a ser una inasumible. Solo perduró la negación y la impunidad, acrecentada en el caso de las mujeres.

Rita M., un caso paradigmático

Hoy es el día en que por primera vez un informe oficial del que da cuenta GARA, elaborado por Argituz y llevado al Parlamento de Gasteiz por la Secretaría de Paz y Convivencia de Lakua, recoge realidades como las de Ancheta y Etxebarria, dentro de un trabajo más amplio sobre la violencia de motivación política contra mujeres en el marco del conflicto vasco. Este apartado concreto es tan brutal como real, porque viene a retratar un país en el que el sitio más seguro y fácil para cometer una violación ha sido una dependencia pública, más concretamente policial. Sencillamente terrorífico.

Hay un caso ocurrido en Euskal Herria pero sin relación estricta con el conflicto que se convierte en prueba del algodón de la impunidad. Quizás muchos lectores lo recuerden. Es el de Rita M. (identificada ahora en el informe con apellidos completos), ciudadana brasileña en circunstancias graves de desprotección, golpeada y violada en la comisaría bilbaína de Indautxu en 1995. Pese a que la sentencia lo declaró probado, ninguno de los tres agentes imputados fue considerado culpable debido a la falta de colaboración policial. Rita M. lo intentó hasta llegar al Supremo, pero funcionó la omertá.

Del pasado al futuro

Tanto el exhaustivo trabajo sobre la tortura elaborado por el grupo de Paco Etxeberria como este informe más modesto de Argituz son dos hechos relevantes: aunque a una parte de la sociedad vasca no le descubran nada nuevo, vienen a levantar esa manta oficial que tapaba parte de la realidad del conflicto y lo desvirtuaba. También aportan otras perspectivas, la criminológica y la de género, que complementan la denuncia política, alientan el reconocimiento institucional y abren la puerta a la justicia y la reparación.

Partiendo de aquí cabe construir otro futuro, pero es aquí donde los vacíos siguen siendo patentes. Urge una reconversión de las estructuras policiales, nuevos protocolos y una política de seguridad que garantice que ese pasado de violaciones se repare y no se pueda repetir.