La jueza que investiga la muerte de Elhadji Ndiaye, ocurrida el pasado 25 de octubre cuando estaba bajo custodia policial, no tiene previsto llamar a declarar a los agentes que participaron en la detención del ciudadano senegalés. La explicación ofrecida desde los juzgados a GARA es que el fallecimiento de Ndiaye no se está investigando como una muerte violenta, debido a que en el informe de la autopsia, según informó el 26 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) a través de un escueto comunicado, no se encontraron «signos de violencia» en el cuerpo del fallecido.

Cabe recordar que diversos vídeos publicados en NAIZ a lo largo de la semana pasada pusieron en duda la versión oficial y acreditaron que Ndiaye, que se resistió a su detención, fue golpeado duramente al menos en una ocasión. Asimismo, varios testimonios aseguraron a este periódico que la policía se llevó al detenido ya inconsciente, algo que también niega la versión policial, según la cual Ndiaye perdió el conocimiento y murió una vez en comisaría.

En la causa abierta de oficio en los juzgados sí que consta, sin embargo, el vídeo de la comisaría, en el que debería poder comprobarse la veracidad de este último punto. El documento, sin embargo, no se ha hecho público hasta ahora, por lo que se ignora su contenido.

Aunque la familia de Ndiaye, residente en Senegal, ha nombrado ya una delegación, todavía no se sabe si se personará en la investigación. Algo que tampoco ha intentado de momento, como acusación popular, ninguna entidad ni organización. Así, el procedimiento abierto en el juzgado se halla parado, a la espera del informe de toxicología, que puede tardar varios meses en llegar.

Mientras tanto, la causa de la muerte de Ndiaye seguirá sin aclararse, ya que la única información ofrecida la semana pasada por el TSJN sobre la autopsia fue que descartaba los signos de violencia. Tal excusa no pedida, sin embargo, deja todavía sin explicar la muerte del senegalés de 42 años, aunque algunas informaciones han apuntado al consumo de drogas como mera hipótesis. De ahí la petición de estudios complementarios toxicológicos e hispopatológicos (estudio microscópico de los órganos), cuyos resultados tardan varias semanas.

Sin respuesta del Consulado

Por contra, los amigos y conocidos de Ndiaye, que se manifestaron junto a SOS Racismo el pasado sábado en Iruñea, negaron las acusaciones de consumo de estupefacientes. «Primero lo matan y luego ensucian su nombre», lamentó uno de sus allegados, que denunció el acoso constante al que los policías someten a su comunidad: «No nos paran por las drogas, nos paran porque somos negros».

La comunidad senegalesa de Iruñea también criticó duramente la actitud del Consulado General de Senegal en el Estado español, por hacer caso omiso a sus requerimientos. Según confirmaron ayer desde la Delegación del Gobierno español, el cónsul general, Mouctar Belal, visitó ayer la capital navarra, donde no fue recibido por la delegada, Carmen Alba, que se encontraba fuera, sino por el secretario general de la oficina gubernamental. Desde el consulado senegalés ni siquiera se confirmó el encuentro.

Vistas las circunstancias, los amigos y allegados del fallecido en Iruñea y Zaragoza han abierto una cuenta solidaria con la que esperan recolectar el dinero necesario para sacar el cuerpo sin vida de Ndiaye del depósito y repatriarlo a Senegal, donde su familia más cercana aguarda para darle el último adiós.

 

Dos agentes de esta comisaría, a juicio por golpes a un arrestado

Dos agentes de la Policía Nacional española serán juzgados mañana por un delito de lesiones. Según informó el portal Navarra.com, los hechos sucedieron en 2011, cuando dos policías acudieron a un domicilio a detener a un hombre denunciado por violencia machista. Una vez en la comisaría de Chinchilla (la misma en la que murió Ndiaye), empezó lo que el fiscal llama una pelea entre el detenido y «uno o varios policías», con un resultado dispar: contusiones en el lado de los policías y traumatismo craneoencefálico, herida en la cabeza y fractura de cúbito para el detenido, que necesitó dos operaciones quirúrgicas y 195 días para recuperarse. Ahora pide 4 años de cárcel para los policías, mientras que el fiscal reclama la absolución por no poder acreditar quién empezó la pelea.GARA