No hay precedentes de tanta celeridad en los trámites de la Audiencia Nacional española. Algo más de un mes después de la trifulca registrada de madrugada en las ferias de Altsasu en la que dos guardias civiles resultaron lesionados, la jueza del tribunal especial, Carmen Lamela, ordenó ayer el procesamiento de nueve jóvenes (Jokin Unamuno, Adur Ramirez de Alda, Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Oihan Arnanz, Ainara Urkijo y Aritz Urdangarin). Les imputa delitos de «terrorismo», «provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos», atentado y lesiones. A los siete primeros, ya encarcelados, los mantiene en prisión. Además, impone una fianza de 6.000 euros para cubrir una posible responsabilidad civil. Todos están citados para declarar nuevamente el próximo 20 de diciembre.

La gran novedad del auto de la jueza Lamela es la prisa que se ha dado para procesar a los nueve jóvenes, ya que el resto es prácticamente un calco de autos anteriores. La resolución sigue las líneas maestras que la jueza ha defendido desde que Covite interpuso su querella el 19 de octubre y logró que el caso pasase de los juzgados de Iruñea a la Audiencia Nacional. Da por buena la versión de los guardias civiles sobre cómo se desarrolló la supuesta agresión y vincula los hechos concretos de la madrugada del 15 de octubre con la dinámica de movilizaciones para reclamar la desmilitarización de Altsasu y la salida de la Guardia Civil del municipio.

Así, la togada recrea un Altsasu prácticamente controlado por los jóvenes, en el que Ospa (asamblea de una comisión municipal de 2011, dato que Lamela omite) serviría para hostigar tanto a los agentes como a sus familias e incluso a los vecinos que mantienen relación con ellos. «El incumplimiento de estos preceptos (no entablar vínculos con la Guardia Civil) por parte de algún ciudadano le convierte a automáticamente en afín al Cuerpo y por tanto en cualquier momento tanto su persona como sus bienes o incluso sus vinculaciones directas pueden pasar a convertirse en objetivo de esos grupúsculos violentos». ¿A qué acciones de violencia se refiere? No se concreta, ya que a la hora de hablar de las supuestas presiones generalizadas, el auto se ve incapaz de detallarlas, limitándose a enumerar actividades públicas como «manifestaciones, concentraciones, pintadas, pancartas y carteles, vídeos y el uso de redes». Eso sí, enmarcadas como «actitudes provocadoras».

Literatura policial y corta pega

El auto de procesamiento, que implica formalizar la acusación, está dividido en dos partes. Por un lado, el relato sobre lo que ocurrió la noche de la trifulca, donde únicamente se toman en consideración las declaraciones de los guardias civiles y sus parejas. Por otra, literatura policial en relación a Ospa y Alde Hemendik! Hasta tal punto se trata de un copia-pega de los autos previos que en una de sus páginas la magistrada vuelve a señalar a Edurne Martínez como una de las responsables de Ospa, a pesar de que hace una semana su causa fue sobreseída.

En relación al relato sobre qué ocurrió aquella madrugada en el bar Koxka y sus inmediaciones, la juez se basa en las declaraciones y ruedas de reconocimiento, ignorando totalmente las declaraciones de los jóvenes que negaron haber participado en agresión alguna. En general, las imputaciones se basan en haber propinado «patadas» o «puñetazos». Aunque hay casos en los que basta que la pareja de uno de los agentes le señale como alguien que estaba en el exterior del establecimiento «burlándose» para ser imputado. En otra ocasión, la acusación se basa en «mirar fijamente».

Recursos sin resolver

La rapidez con la que la jueza Lamela ha procesado a los jóvenes está afectando a su derecho a la defensa, según denuncian sus abogadas. Por ejemplo, las letradas todavía no han tenido acceso a los tomos de la causa. «No hemos podido ver la causa in situ, ni presentar pruebas en defensa y ya se ha decidido procesarles», denunció la abogada Jaione Karrera, quien remarcó que «no se ha dado margen» para presentar pruebas que permitan desmentir la versión de los militares.

En este sentido, cabe recordar que ya está interpuesto un recurso contra la orden de prisión decretada contra siete de los jóvenes. Se trata de un recurso de apelación que se tramita a través de la jueza pero que tendrá que resolver toda la sala. Según la ley, debería resolverse en el plazo de un mes desde el momento en el que se presenta la alegación, aunque la Audiencia Nacional no siempre respeta estos márgenes. Por otro lado, la defensa recurrirá también este auto de procesamiento, tanto en lo referente a los indicios como al encarcelamiento de los jóvenes. Estos siguen en prisión desde hace más de una semana.

«Terrorismorik ez dela» esan, eta azkenik «sen ona nagusituko» dela espero du Barkosek

Aurreko astean Legebiltzarrean honen inguruko iritzia eman zuen Uxue Barkos Nafarroako presidenteak eta atzo ere hizpide izan zuen auzia kazetariei eginiko adierazpenetan, orduan baino kritikoago agertuz. Bera buru duen Gobernuak «oso argi du» Altsasun «ez zela terrorismo ekintzarik izan», ziurtatu zuen.

«Tabernako liskarra» eta «terrorismo erasoa» oso gauza ezberdinak direla erantsi zuen Barkosek, eta, bere ustez, «esparru zabal horren barruan nonbait kokatuko lirateke gertaera hauek», baina inola ere ezin dira «terrorismotzat» hartu, Auzitegi Nazionalak azkenean egin duenaren aurka.

Hala ere, gobernuburua den neurrian auzitegiek hartzen duten edozein erabakiren aurrean «erabateko errespetua» adieraztea dagokiola esan zuen Uxue Barkosek. Hori aurretik jarrita, auzi honek aurrera egin ahala «terrorismo deliturik dagoen ala ez» berriro eztabaidatu beharko dela eta une horretan «sen ona nagusituko dela» espero du.

Barkosek gogora ekarri zuen 2015. urteko udaberrian buruturiko Kode Penalaren aldaketak eragin duela gatazka hau, orduan 573. artikuluaren definizio berri eta zabalagoa ezarri baitzen (Nazio Batuen Erakundeak berak gehiegizkotzat joa) eta horri heldu zaio Altsasuko istilu hori «terrorismo» gisa ezaugarritzeko asmoz.

Nafarroako Legebiltzarrak atxikimendua agertu dio larunbaterako Altsasun herritarrek deitu duten mobilizazioari. Nafar Gobernuak parte hartuko ote duen galdetuta, deialdiaren «nondik norako» guztiak ezagutu nahi dituela erantzun zuen Barkosek, bere posizioa erabaki aurretik. Isila izango da manifestazioa, 13.00etan hasita.

EH Bildu destaca la necesidad de que se impulse el debate sobre la desmilitarización

EH Bildu destacó ayer la necesidad de abordar el asunto de la desmilitarización de Euskal Herria y defendió la marcha de la Guardia Civil y de la Policía española. Denunció que el encarcelamiento de siete vecinos de Altsasu se enmarca en un intento de cercenar y criminalizar este debate pendiente.

En una comparecencia ante los medios en Iruñea, Bakartxo Ruiz y Pello Urizar rechazaron la criminalización que están sufriendo los vecinos de Altsasu y subrayaron la importancia de la respuesta unitaria que se está produciendo. Así, recordaron que todos los grupos municipales de Altsasu (excepto UPN) han denunciado los encarcelamientos y que el Parlamento navarro se ha posicionado en el mismo sentido. También destacaron la masiva rueda de prensa que tuvo lugar el pasado sábado en Altsasu.

«Podemos decir claramente que existe un interés por difundir la idea de que en Euskal Herria nada ha cambiado. Hay medios que quieren trasladar la idea de una Euskal Herria como la Belfast de los años 70», añadieron.

En esta estrategia destacaron que «hay quienes no dudan en exagerar y manipular los sucesos, adecuando la realidad a sus intenciones y deseos políticos concretos» y volvieron a poner de manifiesto que un altercado de bar similar a muchos que ocurren habitualmente ha provocado el encarcelamiento de siete vecinos de Altsasu.

Junto a ello, EH Bildu mostró su apoyo a las movilizaciones convocadas el viernes por los sindicatos ELA y LAB en apoyo de los detenidos y en denuncia del operativo y también anunciaron que acudirán a la manifestación convocada por familiares de los encarcelados y el Ayuntamiento y vecinos de Altsasu el sábado a las 13.00.Martxelo DÍAZ