El documento de base para el debate interno de EPPK apuesta por acometer la vía legal para lograr excarcelaciones, pero asumiendo las enormes trabas que ponen y pondrán los estados y en consecuencia la necesidad de recorrer ese camino con flexibilidad. Hay un ejemplo reciente muy significativo de la dura batalla jurídica que se avecina si el Colectivo valida este reto. El abogado Iñigo Iruin lo avanzó en las jornadas de Sare en Gasteiz y ahora se puede poner nombre a su protagonista. Jagoba Codo, preso enfermo de Donostia, es a quien Instituciones Penitenciarias (dependiente del Gobierno español) ha negado el acceso a segundo grado pese a tener todos los requisitos a su favor. Y con unos «argumentos» muy clarificadores, entre los que sobresale este: «El propio hecho de cursar ahora este escrito [la petición de segundo grado] es fruto de un nuevo servicio a la organización terrorista». Su exposición sitúa a Codo entre dos puertas cerradas: si no lo pide, no sale, dado que hacerlo es obligatorio; y si lo pide, tampoco, porque a II.PP. le resulta sospechoso. La decisión ya ha sido recurrida y su abogado prevé una dura pelea jurídica.

Se da la circunstancia de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Castelló II, donde se encuentra, propuso el paso de primer a segundo grado para Jagoba Codo; de ahí al tercero (que es el que permite empezar a salir a la calle entre otras cosas), la progresión es mucho más sencilla. La cárcel lo planteó antes incluso de que el preso donostiarra lo pidiera, y lo ratificó tras hacerlo, en junio.

Mirando los elementos objetivos del caso, no podía ser de otro modo. En primer lugar, con algunas redenciones obtenidas, Codo –encarcelado desde abril de 2001– ha superado ya las tres cuartas partes de los 22 años totales de condena. Además, no tiene delitos de sangre; se le castigó por «pertenencia» a ETA y por acciones de estragos. Y en tercer lugar, está enfermo: desde 2011 presenta fuertes dolores cervicales y en 2012 se le diagnosticó espondilitis anquilosante. Es uno de los once presos del listado de Jaiki Hadi. Entre 2011 y junio de 2015 estuvo encerrado en Martutene, en su ciudad, pero al reclamarse públicamente su puesta en libertad se le devolvió a la prisión de Castelló.

«De forma retórica»

No hay razones legales, por tanto, no ya para mantenerlo en primer grado, como se hace de modo sistemático con estos presos, sino incluso para que siga entre rejas. Sin embargo, esta resolución de Instituciones Penitenciarias emitida el 3 de octubre pasado cierra la puerta al paso que supondría el segundo grado y para ello se enfrenta a la Junta de Tratamiento del penal castellonense y al sentido común. El escrito descalifica y tergiversa la posición de Jagoba Codo con prejuicios y juicios de valor. Así, además de acusarle de pedir el segundo grado como «servicio a ETA», dice por ejemplo que el reconocimiento del dolor ajeno y la renuncia a la acción violenta que ha expresado el preso se hace «de forma retórica y buscando justificar su responsabilidad».

Le achaca también Instituciones Penitenciarias que su solicitud «refleja expresiones genéricas ya utilizadas en otros escritos de petición que fueron preparados por los abogados en el exterior y cursados por todos los internos en prisión que siguen vinculados a la organización terrorista», algo que niega Iñigo Iruin. (Curiosamente, abriendo un paréntesis, sí han sido idénticas las resoluciones judiciales para denegar el acercamiento pedido individualmente por cada preso vasco desde 2014). Y la institución gubernamental añade a todo ello que «llama la atención la equidistancia calculada hacia las víctimas, a las que [Codo] ni siquiera se refiere, y la búsqueda de justificación de los asesinatos y el dolor causado por parte de la banda terrorista en la que sigue integrado».

Instituciones Penitenciarias, en resumen, dice no a Jagoba Codo y refleja además hasta qué punto está dispuesto a llegar para intentar sellar las puertas de las cárceles. Con todo, el caso muestra igualmente las fisuras en el sistema, la inexistencia de razones objetivas y la inhumanidad de fondo. El litigio seguirá, ahora en instancias judiciales.