El lehendakari anunció ayer un viaje a Roma para reunirse con la comunidad católica de San Egidio, que lleva años trabajando en los llamados «corredores humanitarios», labor consistente en mediar entre Italia y los demandantes de asilo, para quienes consiguen visados especiales. Pese a ser un síntoma positivo que muestra la utilidad de acciones como la de Begoña Huarte y Mikel Zuluaga para poner en primer plano la necesidad de acoger a refugiados, el viaje es, como mínimo, testimonial, pues Urkullu sabe muy bien –así lo reconoció– que la competencia exclusiva en materia de visados es de Madrid.

El problema vuelve a ser de soberanía, y mientras así sea, de nada servirá el voluntarismo de Urkullu ante el Gobierno de Mariano Rajoy, que hasta ahora solo ha abierto las puertas a 898 refugiados, un 5% del ya de por sí raquítico número de refugiados que se comprometió a acoger.

El episodio quedaría en mero brindis al sol a orillas del Mediterráneo (convertido mientras en inabarcable fosa común), si no fuera porque el piadoso vermut romano de Urkullu contradice la negativa de su Gobierno a aplicar a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) la subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ayer el lehendakari echó mano de una falsedad para justificar la negativa, arguyendo que la RGI (recortada en su día por Patxi López) y el SMI son «conceptualmente diferentes», ignorando así que la ley dice, textualmente, que «los ingresos mínimos garantizados se definirán como porcentajes del salario mínimo interprofesional vigente». La decisión de Lakua viene de la mano de una alarmante ofensiva político-mediática que lleva días poniendo en tela de juicio la RGI y a sus receptores. La reforma de la ayuda, ya anunciada, será una de las batallas de este año, en la que se pondrá en juego tanto la capacidad de la oposición para frenar el pacto cojo de PNV y PSE, como la capacidad de los jeltzales para dar gato por liebre y lamentar la política española hacia los refugiados mientras pactan con las fuerzas estatales los recortes de las ayudas a los ciudadanos en riesgo de exclusión.