Un tribunal del que forman parte Enrique López y Concepción Espejel, dos magistrados con afinidad declarada al PP, tendrá que decidir si devuelve a Sare los 104.000 euros que agentes de la Guardia Civil se llevaron de la sede de LAB en Bilbo, donde se habían guardado tras la masiva movilización por los presos de enero de 2015. La vistilla, informó la red ciudadana, tendrá lugar el 23 de febrero, un día, enfatizó Joseba Azkarraga, «clave en el devenir de Sare».

Recordó que trataron de recusar a López y Espejel pero no lo consiguieron. «Una vez más, se confirma la diferente vara de medir de esta justicia. Sí consideran afinidad de estos jueces con el PP para aceptar otras recusaciones, en temas que implican a este partido, pero se rechaza cuando los perjudicados somos nosotros», lamentó.

El sarekide afirmó que «si se adopta una decisión político-judicial para hurtarnos nuestro dinero y derechos, deberá ser la sociedad vasca la que, con su solidaridad o no, decida el futuro de la red», alertando «por lo que pueda ocurrir el 23F». «Si la decisión que se adopta es la de insistir en la injusticia, pedimos que sea la propia sociedad vasca la que reaccione desde un apoyo masivo y contundente a la labor que desarrolla Sare», insistió.

Azkarraga, junto a Elizabete Bizkarralegorra, Félix Cañada e Iñaki Zubiri, informaron que en la cuestación del 14 de enero obtuvieron 43.000 euros, lejos de los 70.000 del año anterior y de los 104.000 incautados. Con ese dinero van a tratar de ir pagando deudas, aunque restan por abonar otros 50.000 euros.

«Estamos hoy ante una situación muy complicada. Pero tenemos el ánimo y la voluntad –manifestó– de hacerla frente porque consideramos que la labor que estamos desarrollando y el referente que representa Sare para muchos miles de ciudadanos y ciudadanas merece la pena».