Enésima operación contra la corrupción en Catalunya, esta vez centrada en la gestión convergente del Ayuntamiento de Barcelona. El jueves, a cuatro días del juicio por el 9N y uno después de que se conocieran las intenciones de Rajoy de tomar el control de consejerías de la Generalitat ante un referéndum. La rumorología se dispara. Ya no se recuerda día señalado para el independentismo sin víspera con operación anticorrupción. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, despeja el viernes: «Un juez de El Vendrell lo investiga a instancias de una denuncia de una concejal de ERC, ¿qué tiene el Gobierno que ver en esto?».

Para quienes sospechamos en ambas direcciones, es complicado tener una posición con total certeza respecto a estas operaciones. Sí, hay una tonelada de pruebas de que Convergència cobró comisiones por la adjudicación de obra pública. Y sí, hay abundantes evidencias de que el Gobierno español ha usado la corrupción de Convergència, la real y la exagerada, para objetivos políticos y mediáticos. Decir las dos cosas no es falsa equidistancia, más bien coherencia a la hora de tratar dos corrupciones –porque ambas lo son–. Por eso es especialmente molesto el intento del Gobierno de arrogarse la presunción de imparcialidad de la Justicia. Méndez de Vigo sabe que el Gobierno sí tiene que ver con la operación, en concreto con la Fiscalía, que depende del Ejecutivo. Esta sería razón suficiente para no alardear de neutralidad.

Pero todavía lo es más cuando es conocido que el exministro del Interior, Fernández Díaz, estaba directamente involucrado en la fabricación de casos falsos de corrupción contra políticos independentistas, una conspiración en la que el ministro no dudaba en contar con la politización de la justicia cuando le decía a su compinche: «La Fiscalía te lo afina».

El contexto político en el que se producen estas operaciones no desacreditan los incidios de corrupción de Convergència, ni siquiera su investigación. Pero la actitud del Gobierno español sí es suficiente para andar con cuidado a la hora de aceptar acríticamente la neutralidad política del caso.