Tras la espectacularidad de la jornada de ayer, cuando la noticia se hallaba a las puertas de la Audiencia de Barcelona más que dentro del juzgado, el interés pasó ayer a la sala donde Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau están siendo juzgados por la convocatoria del proceso participativo del 9N. El protagonismo, sin embargo, no fue ayer para los tres acusados, sino que recayó en los testigos llamados a declarar por el fiscal Emilio Sánchez Ulled. El objetivo: desmontar el argumentario desplegado el lunes por las defensas –sobre todo por las de Ortega y Rigau– y tratar de demostrar que el Govern siguió ejecutando el 9N pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.

El testimonio estrella, o al menos el más mediático, fue el de Dolores Agenjo, la directora del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la única que se negó a entregar las llaves para que el centro educativo funcionase como colegio electoral durante la jornada del 9N. Agenjo, que llegó acompañada de miembros de la entidad unionista Societat Civil Catalana a la Audiencia, aseguró que las presiones para que abriese el instituto se produjeron también después del 4 de noviembre, con la prohibición del TC notificada.

Otros dos testimonios de inspectores del departamento de Educación reforzaron la tesis de la Fiscalía. Josep Alsina, el primero en declarar, indicó que desde la consejería se «forzó» a algunos directores a ceder las llaves de los centros. Añadió que cuando algunos de ellos pidieron la orden por escrito, cargos del departamento se pusieron «furiosos». El otro inspector, Jesús Rul, aseguró que Educación dio indicaciones a los inspectores para que se abstuviesen de intervenir en cuestiones que tuviesen que ver con el proceso participativo.

Otros testimonios del sector educativo, como el de la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, Josefa Bosch; o de dos altos cargos del departamento, como Montserrat Llobet y Francesc Güell, negaron las declaraciones anteriores y apoyaron las tesis de la defensa.

La logística en juego

El segundo campo de batalla fue el de la logística. En especial el de las urnas, la web del 9N, los ordenadores utilizados y el centro internacional de prensa. De nuevo, los testimonios resultaron contradictorios, ya que los que se alinearon con la defensa de los acusados –el que fuera máximo responsable de la web, Joan Cañada, o el consejero delegado de la empresa encargada de montar el centro de prensa, entre otros– negaron cualquier actuación después del 4 de noviembre. Por contra, declaraciones como las de un trabajador de T-Systems –empresa encargada del soporte informático del 9N– desmintieron tal extremo, asegurando haber recibido órdenes cuando el proceso participativo estaba ya suspendido.