«No se confundan, en nuestro ánimo no estaba desobedecer, sino plantar cara a un Gobierno español que nos estaba impidiendo participar de una manera democrática y sin efectos vinculantes». El expresident Artur Mas no desaprovechó la tribuna del último día de juicio para elaborar el discurso más político que se ha escuchado a lo largo de esta semana en la Audiencia de Barcelona, donde ayer quedó visto para sentencia el juicio al 9N. El futuro político del expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau está ahora en manos de tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que deberán decidir en las próximas semanas si los acusados son culpables de los delitos de desobediencia y prevaricación, tal y como defienden la Fiscalía y la acusación particular, o si son inocentes, como por su parte aseguran las defensas.

Todos fueron contundentes en sus conclusiones finales, pero sobre todo Mas aprovechó para desquitarse de la declaración del lunes, cuando el juez le cortó cada vez que se disponía a realizar una valoración política. «Soy responsable de haber escuchado a la calle y a las urnas; soy responsable de haber cumplido mandatos del Parlament; soy responsable de haber ideado y pactado una pregunta, soy directamente responsable de haber ideado e impulsado el 9N; soy responsable de convocar unas elecciones que llamamos plebiscitarias, y soy responsable de haber llevado esta trayectoria hasta las últimas consecuencias, que fueron dar un paso a un lado y dejar la Presidencia para darle una oportunidad a este proceso», resumió, tirando de épica, su trayectoria política.

«Si se trata de reforzar la democracia, no entiendo que el 9N se pueda considerar un delito», apuntó Mas, que también dijo que aquel día se pudieron observar muchas de las virtudes del país. «¿Lo quieren convertir en un delito? Qué pena, qué gran error, qué inmenso error», añadió, antes de ceder la palabra a Ortega, quien consideró que «dar la palabra a la gente no puede ser un acto criminal, es una obligación de todo gobierno». «La democracia solo crece a golpe de democracia, no a golpe de tribunales», añadió, dejando la tribuna a Rigau, la última en intervenir ayer. «No me depuró el franquismo, ¿me inhabilitará ahora la democracia por un delito que no he cometido?», se preguntó la extitular de Educación, que empezó y acabó su intervención citando a Machado.

Fiscal implacable

El fiscal Emilio Sánchez Ulled no fue a la zaga en cuanto a contundencia se refiere. Después de repetir en infinidad de ocasiones –durante las casi dos horas y media que duró su intervención final– que «no se está juzgando la democracia sino si hubo o no un desacato, una desobediencia de un mandato constitucional», aseguró inflexible que «debajo de la actuación de los voluntarios había enmascarada una actuación continua de funcionarios». Un quehacer de la Administración que «se mantuvo en un clima de opacidad». «Sabían que se debía parar, por eso insisten que se paró, lo sabían perfectamente», añadió.

«Quiero manifestar con dolor y tristeza que hubo una ruptura de las reglas del juego democrático y de la convivencia», aseguró Sánchez Ulled, que se vio en la necesidad de justificar en más de una ocasión que «tan democrático será este tribunal si condena como si absuelve». Tal y como anunció la víspera, mantuvo la petición de diez años de inhabilitación para Mas y de nueve para Ortega y Rigau. Penas parecidas a las reclamadas por la acusación particular, que pide 10 años de inhabilitación para los tres ex altos cargos.

«Muerte política»

Los abogados también se sumaron a las conclusiones contundentes. Xavier Melero, defensor de Mas consideró que «nunca antes se había visto tanta falta de independencia y autonomía por parte del Ministerio Fiscal», y trató de defender que «el señor Mas no se ha escondido nunca tras los voluntarios, no ha escondido nunca el impulso de su Gobierno al 9N». Por su parte, Jordi Pina, abogado de Ortega, apuntó que «es incuestionable que nos encontramos ante un juicio singular y sin precedentes; es una actuación estrictamente política». Finalmente, el abogado de Rigau, Jordi Pina, concluyó sin pelos en la lengua que «el Gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados».

Los tres reclamaron al tribunal que absuelva a sus defendidos, al considerar, tal y como resumió el abogado de Ortega, que para cuando el Tribunal Constitucional dijo «paren máquinas», la maquinaria «ya había hecho todo el trabajo».

Puigdemont cree que Madrid «está a tiempo de rectificar»

La jornada para los tres acusados no acabó ayer al finalizar el juicio, ya que junto al exconseller de Presidència, Francesc Homs, que será juzgado también por el 9N el 27 de febrero en el Supremo, fueron recibidos en el Palau de la Generalitat por el president, Carles Puigdemont, que les quiso mostrar todo su apoyo, reiterando frase a frase la intervención de Mas frente al tribunal. También apuntó, mirando a Madrid, que «el Gobierno español está siempre a tiempo de rectificar, aunque estemos en tiempo de descuento».

No parece, sin embargo, que en Moncloa se hiciesen eco de las palabras del president. Ayer el portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, se ventiló el juicio al 9N apuntando que «nadie puede pretender estar eximido de acudir a la llamada de los tribunales».B.Z.