América Latina está pendiente de Ecuador, el primer país en celebrar elecciones tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ya que en la contienda electoral está en juego no solo la continuidad del proyecto que puso en marcha Rafael Correa, sino el futuro de los gobiernos de izquierda en la región, porque, según muchos analistas, el camino que elijan los ecuatorianos se reflejará en el futuro de Venezuela y Bolivia, cuyos ejecutivos sufren el acoso de la oposición. Tras el giro a la derecha en Argentina y Brasil con el retorno de gobiernos ultraneoliberales y la reversión de derechos, en gran parte por la situación económica, estos comicios son clave en un continente que se inclinó a la izquierda tras la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y acentuó esa tendencia en 2004-2005. Como dice el politólogo Atilio Borón, Ecuador será escenario de una decisiva «batalla de Stalingrado».

La decisión de Correa de no presentarse a la reelección –aunque su ministro de Exteriores, Guillermo Long, apuntó en una reciente entrevista a un posible retiro «momentáneo»– y de irse a vivir a Bélgica, país de origen de su esposa, encendió hace un año las alarmas. Carismático y muy bien valorado, su anuncio suscitó el temor a una derrota del movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva y Soberana), o al menos a dificultades para mantenerse al frente del país andino, tras tres victorias por amplia mayoría del presidente saliente y de una década en el poder. Un eventual triunfo de su opción el domingo permitiría a la izquierda latinoamericana recuperar un impulso que Correa considera más urgente que nunca y frenar los avances de la derecha en América Latina.

Implacable con sus adversarios, tenaz y fiel a sus principios y de temperamento fuerte –irreverente, autoritario e impulsivo, según la oposición–, es el presidente más popular que ha tenido Ecuador en 40 años.

A tres días de la crucial cita, las encuestas situaban como favorito a su candidato, Lenín Moreno, con un 35% en intención de voto. Para proclamarse presidente en primera vuelta deberá conseguir la mitad más uno de los votos válidos o, en su caso, obtener al menos el 40% de los sufragios y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Y para impedirlo, todo vale, sobre todo la guerra mediática, de zapa, de desinformación. La incógnita es si la primera vuelta será definitiva o habrá que concurrir a una segunda –objetivo de la derecha–, en la que no está claro si su eventual rival será Guillermo Lasso o Cynthia Viteri, pero para la que se augura la unidad de la atomizada derecha.

Correa, desconocido en la arena política del país hasta 2005, cuando formó parte del llamado «grupo de forajidos», como se denominó a los quiteños que participaron en la gran movilización ciudadana –con gran protagonismo del movimiento indígena– contra Lucio Gutiérrez –destituido ese año por el Congreso–, ha sido el artífice y líder de la Revolución Ciudadana, con la que ha buscado, y logrado en parte, una distribución más justa de la riqueza y un bienestar social en el que el ser humanos esté «por encima del capital» y en el que se acaben los privilegios solo para los ricos. Y con ello avanzar hacia el socialismo del siglo XXI, que abanderó Hugo Chávez.

Pero sin Correa está en riesgo la consolidación de la Revolución Ciudadana frente a la «restauración conservadora» que se extiende por la región. «Se trata de dos visiones de la sociedad, dos visiones de desarrollo, dos visiones del Estado», advirtió el presidente.

Economista de profesión, ya como ministro de Economía durante 106 días tras la caída de Gutiérrez dejó clara su oposición al Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, de los que ha alejado desde que su llegada al poder.

La inversión social, una política económica nacionalista, una posición antiimperialista –rechazó la renovación del contrato con EEUU para el uso de la base de Manta–, el enfrentamiento al neoliberalismo y un fervor por la integración latinoamericana han marcado su quehacer político. Mientras, la oposición le ha criticado su acercamiento a Venezuela, Bolivia, Irán y China.

«Década ganada»

En esta década, Correa, con sus aciertos y errores, ha promovido leyes para reformar los sectores financiero, de los medios de comunicación –que establecía un reparto equilibrado de frecuencias y provocó una enorme polémica– y petrolero, tras décadas en que Ecuador vio entregados sus recursos naturales al capital internacional y perdió su moneda ante el dólar, mientras se extendían la pobreza y la desasistencia. En 2008, dotó al país de una nueva Carta Magna, la Constitución de Montecristi, muy avanzada en materia de derechos sociales y en la que se especifican los referidos a educación y salud, que difícilmente pueden ser revocados sin atentar en contra del propio Estado de Derecho, aunque también con muchos mecanismos para retener el poder.

Al no provenir de la militancia política, dejó claras sus prioridades a la hora de repensar el Estado. Más de una vez insistió en que «algo que no puede olvidar la izquierda moderna es la noción de eficiencia».

En los dos últimos años, cayeron algunos índices debido a la recesión económica y ha habido movimientos contradictorios, con cierta flexibilidad laboral, las alianzas público-privadas, la ampliación de la explotación minera, medidas sobre la liquidez, incluyendo el endeudamiento externo, y las negociaciones comerciales con la UE. Pero el Ejecutivo ve la economía encauzada. No así sus críticos, que creen que el nuevo Gobierno encontrará una compleja situación económica y apuestan por reformas laborales, societarias y una menor reglamentación para ganar en productividad y competitividad.

El propio Correa habla de una «década ganada», en la que Ecuador ha pasado de los últimos a los primeros lugares en desarrollo social, infraestructuras, seguridad, calidad del Estado, cuidado ambiental, sistema de Justicia, seguridad social, equidad de género, educación, sanidad… y ha sacado a más de dos millones de personas de la pobreza.

Al retomar el control de los recursos naturales, su Gobierno incrementó sustancialmente los ingresos del Estado, lo que le permitió, según datos oficiales, mantener una inversión pública del 25% y un crecimiento del 4,5% anuales, estimulando significativamente la economía y triplicando el PIB. Con Correa, Ecuador ha experimentado un aumento del 700% en el gasto en salud pública y un 400% en educación, lo que ha permitido extender la gratuidad en ambos servicios; el desempleo es del 4,5%, y varios millones de personas se benefician de diferentes bonos sociales.

La situación se complicó con la caída del precio del petróleo en 2015, la reducción de las importaciones en casi un 40%, la inyección a Petroamazonas y Petroecuador para evitar su quiebra, la apreciación del dólar y el terremoto de 7,8 grados de intensidad del 16 de abril de 2016. Todo ello, junto a los casos de corrupción, intensificó la guerra mediática contra Correa, que en junio de 2016 registró su índice más bajo de popularidad, el 46,6%. Sin embargo, las medidas gubernamentales, opuestas a los «ajustes» del neoliberalismo, han permitido al Ejecutivo relanzar el crecimiento.

La oposición, por contra, reprocha al Ejecutivo una falta de previsión, haber disparado el gasto en tiempo de bonanza petrolera y no haber dispuesto de fondos de ahorro. Según el Observatorio de Política Fiscal, los gastos del Gobierno ascendieron en 2016 a 24.000 millones de dólares, mientras que los ingresos del Estado alcanzaron los 16.500 millones. Lo que, según expertos, supone «un déficit enorme que se financia con deuda» y que a corto plazo requerirá medidas de corrección del déficit fiscal.

Cuando aspiraba por primera vez a la Presidencia, Correa ironizó con su apellido al afirmar que, de ganar, daría de «correazos» a la corrupción. Y es precisamente esta la cuestión que ha empañado el último tramo de la campaña electoral, con informaciones relacionadas con corrupción en Petroecuador, cuyo gerente fue Carlos Pareja Yannuzzelli, extitular de Hidrocarburos y prófugo de la Justicia. Pareja ha dicho que nada se hacía en esa empresa sin el «visto bueno» de Jorge Glass, actual vicepresidente y compañero de fórmula de Moreno para repetir en el cargo.

 

Ocho candidatos gastan suela y fuerzan garganta en busca de votos hacia carondelet

Los ocho candidatos a la Presidencia de Ecuador y los casi cuatro mil aspirantes a los 137 asientos de la Asamblea Nacional y a cinco escaños en el Parlamento Andino seguían ayer gastando suela y forzando gargantas en la víspera del cierre de campaña, quemando sus últimos cartuchos para convencer a los indecisos, que rondan el 50%. Para ello recurren a medidas sobre creación de empleo, lucha contra la corrupción, erradicación de la pobreza, combate a la droga y libertad de expresión.

Pero el interés se centra en quién será el nuevo inquilino del palacio de Carondelet. El binomio formado por los vicepresidentes de Rafael Correa, Lenín Moreno y Jorge Glass, encabeza las encuestas , pero la atomizada derecha está convencida de tener posibilidades de gobernar si se celebra una segunda vuelta electoral, ya que por encima de diferencias está el deseo de sacar del poder al «correismo» y, en ese caso, centraría sus votos en un solo candidato.

La elección de Lenín Moreno representaría la continuidad de la Revolución Ciudadana y el avance en sus logros –creación de escuelas, hospitales públicos e infraestructura viales y energéticas–, el impulso el conocimiento y la reducción de la dependencia del petróleo, pero hará posible también la rectificación de los errores. El candidato de Alianza PAIS, parapléjico desde 1998 por una herida de baja durante un asalto y con gran conexión con la población, habló de una «cirugía mayor» contra la corrupción, de crear 250.000 empleos, construir 40 universidades técnicas y erradicar la desnutrición infantil, además de fomentar la integración regional. Los programas de asistencia a los discapacitados que impulsó desde la Vicepresidencia y sus políticas en favor de «los más olvidados de entre los olvidados» le merecieron la gratitud de su pueblo y reconocimiento internacional.

En segundo lugar los sondeos sitúan al exbanquero Guillermo Lasso, del derechista CREO, quien fuera ministro de Economía con Jamil Mahuad y al que muchos vinculan con la crisis financiera de 1999, la peor del país. Propone eliminar catorce impuestos, crear un millón de empleos, impulsar zonas francas para el turismo y la salud, impulsar los tratados de libre comercio y suprimir la Ley de Comunicación, una medida con la que coincide Cynthia Viteri, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), que sigue a Lasso en las encuestas y aboga por construir viviendas para pobres, exonerar de deudas a campesinos y atraer la inversión privada. También plantea sacar a Ecuador del ALBA y de Quito la sede de la Unasur, y eliminar el asilo político que Rafael Correa dio a Julian Assange.

Por detrás, el exalcalde de Quito y exgeneral Paco Moncayo, de la socialdemócrata Izquierda Democrática, partidario de fomentar la obra pública para crear 285.000 empleos y regenerar el sistema que permita la independencia de las instituciones. Critica la política de educación del Correa por dejar, afirma, a miles de jóvenes fuera de las universidades al haberse establecido un examen de ingreso.

Cierran la lista de candidatos presidenciales Abdalá «Dalo» Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram y aspirante de Fuerza Ecuador; Patricio Zuquilandia, del Partido Sociedad Patriótica; Iván Espinel, líder de Compromiso Social, y el exfiscal Washington Pesántez, candidato de Unión Ecuatoriana, que propone convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna e instaurar un sistema de trabajo por horas.M.I.